En la iniciativa, recogida por Europa Press y que pide respuesta a la consejera de Educación, Sonia Gaya, en la comisión parlamentaria de su rama; la coalición de izquierdas pregunta cuáles son las conclusiones que ha arrojado hasta la fecha la investigación abierta por este departamento al respecto de esta circunstancia.
Asimismo, IULV-CA quiere saber si el Gobierno andaluz plantea sancionar al centro por las presuntas irregularidades, así como si Educación realiza inspecciones de algún tipo con el objetivo de detectar irregularidades similares en el conjunto de los centros educativos concertados de la comunidad autónoma.
Como relata la fuerza política que lidera Antonio Maíllo, el pasado mes de octubre el padre de un alumno del colegio concertado Buen Pastor presentó una denuncia en la Delegación provincial de la Consejería de Educación "como consecuencia de las exigencias del centro educativo para que abonase una serie de cuotas mensuales presuntamente ilegales según la normativa al respecto".
Unas actuaciones que, como ha recordado IULV-CA, "ha llevado a que tanto la Consejería de Educación como el Defensor del Pueblo hayan abierto sendas investigaciones al respecto", y por la que reclama explicaciones a la consejera.
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