Así lo ha comunicado en la reunión de hoy del Consejo de Gobierno, que, fuera del orden del día, ha abordado la situación creada tras el correo electrónico enviado al gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil, con copia a la consejera de Sanidad, por la funcionaria Inmaculada Rodríguez, con relación a la existencia de supuestas irregularidades en el desarrollo de los procesos de licitación y adjudicación contractual en el SCS, divulgado en un medio de comunicación regional y apoyado públicamente por la presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga.

Ante todo ello y de acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que atribuye a los respectivos consejeros dentro de sus competencias "ejercer la iniciativa, dirección, gestión e inspección de todos los servicios de la Consejería respectiva, así como las entidades vinculadas o dependientes de la misma, sin perjuicio de las competencias que estén atribuidas a otros órganos", la consejera de Sanidad ha comunicado que va a proceder de forma inmediata al inicio del citado procedimiento informativo.

Según ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado, tras la tramitación de ese expediente informativo, que deberá finalizarse en el menor plazo posible y en el que tendrán ocasión para manifestarse tanto la funcionaria Inmaculada Rodríguez como la presidenta del PP, se remitirá el oportuno informe al Consejo de Gobierno para adoptar "la decisión oportuna".

Esta decisión de la consejera se produce apenas 12 horas después de que ella misma asegurara, a través de un comunicado de prensa, que el SCS "no ha apreciado irregularidad alguna" que sustente las afirmaciones de Rodríguez y defendiera la "transparencia" de las contrataciones.

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