El Parlament ha aprobado este miércoles las primeras iniciativas de la legislatura con el voto delegado del exconseller Toni Comín: han sido los dos informes sobre el cumplimiento del presupuesto de la Cámara catalana de 2017.

La votación ha salido adelante con 131 votos a favor, los de JxCat, ERC, Cs, PSC, los comuns y el PP, y las 4 abstenciones de los diputados de la CUP.

De los 131 votos a favor, el panel electrónico de la Cámara solo ha reflejado 124, ya que siete votos son delegados: los de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull -encarcelados-, y los de Carles Puigdemont -en Alemania- y Toni Comín -en Bélgica-.

Los votos delegados de los diputados en prisión no han generado ninguna problemática y llevan votando desde el primer pleno de la legislatura.

Los votos delegados de Puigdemont y Comín sí que han generado controversia: el del expresidente, sin embargo, nadie lo ha impugnado, mientras que Cs ha anunciado que sí llevará al Tribunal Constitucional la delegación de voto del exconseller.

El pleno del Parlament ha convalidado este miércoles por unanimidad un decreto firmado por el Gobierno central en nombre de la Generalitat en virtud del artículo 155 de la Constitución para devolver el 20,77% de la paga extra que se recortó a los funcionarios catalanes en 2012.

El texto establece que el personal funcionario, estatutario, eventual y laboral al servicio de la Generalitat perciba el 20,77% del importe que dejaron de percibir en 2012 y que corresponde a 38 días de la paga extra de aquel año.

Se trata de un decreto firmado por y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a través del 155 que debía convalidarse en el último pleno del 5 de abril pero que se retiró del orden del día a petición de la mayoría independentista.

JxCat, ERC y la CUP alegaron entonces que el reglamento del Parlament obliga al ejecutivo que firma un decreto a comparecer ante el pleno antes de la convalidación, pero Santamaría descartó ir al hemiciclo y pidió que el texto se votara directamente.

Los letrados del Parlament apuntaron en un informe que Santamaría no estaba obligada a eso y que no convalidar decretos del 155 "podría infringir" los derechos de los diputados; y recordaron que el Parlament ya convalidó un decreto del 155 el 15 de noviembre sin que compareciera nadie del Gobierno central ni se pusiera ningún impedimento.

Tras las indicaciones de los letrados, el decreto se ha convalidado en el pleno un día antes de que expirara el plazo, ya que la validación o derogación de un decreto ley se debe hacer en el Parlament en el plazo de 30 días hábiles a partir de su promulgación.

El diputado de Cs Joan García ha repasado los recortes que hizo Artur Mas al frente de la Generalitat, que afectaron especialmente a los funcionarios, y que fueron seguidos por Carles Puigdemont, "mientras el 'procesismo' seguía, aumentando los cargos colocados a dedo y castigando a los trabajadores públicos".

Marc Solsona (JxCat) ha lamentado que el Gobierno central no haya comparecido ante el pleno y ha criticado que el Ejecutivo central quiera sacar pecho del 155 con este decreto cuando en realidad el retorno de la paga de 2012 fue una decisión adoptada por el anterior Govern, que actualmente está "en la cárcel o en el exilio".

Desde ERC, Chakir El Homrani ha agradecido los esfuerzos y sacrificios de los funcionarios en los últimos años, y ha recordado que "son las personas que están manteniendo el país en estas horas tan graves de aplicación indecente y dura del 155".

Alicia Romero (PSC) ha criticado la gestión y los recortes del Govern y ha lamentado que el independentismo "culpe al 155 de cosas que en realidad son su culpa, ya que se podría haber calendarizado el retorno de la paga extra y no se hizo", y ha urgido a formar un Ejecutivo que dialogue y empiece a solucionar los problemas de los catalanes.

Desde las filas de los comuns, Susana Segovia ha coincidido con Romero y ha destacado que el PDeCAT y el PP no han tenido ningún problema en ir juntos para recortar derechos sociales y laborales: "Es una pena que el decreto para recuperar la paga de los funcionarios llegue tarde y desde Madrid".

Por parte de la CUP, Vidal Aragonès ha explicado que su grupo ha votado a favor de la convalidación por los funcionarios y a pesar "de la intervención ilegítima del Estado español a través del 155".

Alejandro Fernández (PP) ha criticado que el independentismo haya "jugado con los derechos de los funcionarios" al retrasar la llegada al pleno del decreto de su paga extra, y ha reivindicado las virtudes del 155: según ha detallado, ha servido para recuperar derechos y mejorar la situación de las administraciones.