Según ha indicado, el 22 de marzo de 2017 el juzgado pidió al Servicio de Gestión de Unidades y Planificación de la Oficina Judicial de la Dirección General de Justicia que autorizara la designación de un agente de la propiedad inmobiliaria de Madrid para la realización de una tasación pericial acordada en la causa, que había sido declarada secreta.

El 28 de marzo de 2017 el jefe del Servicio de Gestión de Unidades y Planificación de la Oficina Judicial de la Dirección General de Justicia solicitó al juzgado información sobre el coste de la pericia ordenada.

El 7 de abril de 2017 el juzgado informa de que la pericial consiste en la valoración de un inmueble y que el coste de la misma asciende a 2.000 euros más IVA y el 19 de abril de 2017 se autoriza el presupuesto previsto para la realización del informe pericial.

Autorizado el abono del coste del informe pericial ordenado por la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de València, esta conselleria "no ha tenido ninguna otra intervención en ese asunto, habiendo permanecido ajena a cualquier circunstancia relacionada con ese asunto".

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