la denuncia contra el alcalde socialista de Portillo, Juan Ignacio Álvarez, que presentó una vecina de la localidad, de 80 años, a quien la corporación trató de expropiar una finca de su propiedad para instalar en ella la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

Practicadas las diligencias oportunas, entre ellas la declaración en calidad de denunciado del primer edil de Portillo, celebrada el pasado día 27 de marzo, el instructor, a través de un auto al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, ha optado por el sobreseimiento de las diligencias al "no apreciar debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa".

Sin embargo, el abogado de la denunciante ha anticipado ya su intención de recurrir el auto, al tiempo que recuerda que un informe reciente evacuado por la Dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local-ha llegado a posteriori del archivo-considera irregular el pleno en el que se eligió la finca de la anciana para instalar la EDAR al haber actuado como secretario, en sustitución de la secretaria titular que estaba enferma, un funcionario del Ayuntamiento que no había sido habilitado para tal fin por parte de la Junta.

Y es que dicho funcionario "no pertenece a la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, por lo que el mismo únicamente podría desempeñar el puesto de Secretaria Clase 3 del Ayuntamiento de Portillo mediante el oportuno nombramientoaccidental para ello", algo que, como así incide la Junta, no se llegó a producir.

En su denuncia la octogenaria dirigió la misma contra el primer edil como responsable de la Corporación municipal tras considerar que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, falsedad documental y estafa.

La denunciante es propietaria de una parcela de 20.000 metros cuadrados en Portillo, la 42 ubicada en el Polígono 2, de carácter rústico y, por tanto, según defiende, "indivisible" al estar sujeta a las normas de concentración parcelaria y no tener calificación en el planeamiento como suelo dotacional, con lo cual no puede ser destinada, en ninguno de los casos, a la instalación de una depuradora de aguas residuales.

Para tal fin, el PGOU de la localidad contemplaba inicialmente una parcela de unos 6.810 metros cuadrados-la 30014-, si bien el pleno del Ayuntamiento, en virtud del acuerdo adoptado el 26 de abril de 2017, aprobó el Proyecto Técnico de Ejecución del Emisario y la EDAR y en el mismo se recogía como finca finalmente elegida la de la denunciante, para lo cual era preciso su expropiación.

La denunciante consideró la expropiación "fraudulenta y arbitraria", pero además criticó que el terreno elegido es la parte central de su finca, unos 5.108 metros cuadrados de los 20.000 con que cuenta, con lo cual la parcela quedaría partida en dos mitades de 7.500 metros cada una que la haría inservible para el cultivo, no sólo por los males olores que generará la EDAR sino por el aumento de gastos que implicará labrar un terreno dividido.

"NOCTURNIDAD Y ALEVOSÍA"

En su escrito, la propietaria del terreno se quejaba igualmente de haberse enterado por casualidad del intento de expropiación del mismo por parte del Ayuntamiento, al que acusó de actuar con "nocturnidad y alevosía".

En este sentido, la mujer apuntó que de no haberse percato a tiempo de la operación, lo que le permitió formular alegaciones, en estos momentos no tendría ninguna posiblidad de defensa y habría perdido la finca sin posibilidad alguna de recurso.

El contencioso promovido por la vecina llevó al Consistorio de la villa a celebrar una Comisión de Obras en la que se acordó finalmente desechar su finca y volver a designar la inicialmente prevista en el PGU, la 30.014.

"Que esta señora esté tranquila, ya que no se va a ver afectada porque hemos desechado su finca puesto que había recurrido", indicó entonces el munícipe.

El primer edil de Portillo, expresidente provincial de Cruz Roja, explicó, además, que del cambio de postura tienen ya notificación tanto la Junta de Castilla y León como Somacyl, empresa encargada de la gestión de la EDAR.

La Consejería de Fomento de la Junta tiene consignado un presupuesto de 1,5 millones de euros para dicha EDAR, cuyo plazo de ejecución es de 18 meses. La instalación poseerá un caudal de diseño y tratamiento medio de 1.300 metros cúbicos y estará diseñada para una población de 5.200 habitantes.