La causa judicial se encuadra en la gestión de la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, formada por once municipios de las provincias de Cádiz y Sevilla y ya disuelta y liquidada, tras arrastrar un pasivo de más de 52,2 millones de euros y múltiples controversias respecto a su gestión a manos del entonces alcalde socialista de Los Palacios Antonio Maestre.

En concreto, el caso deriva de una denuncia promovida en 2015 por la Fiscalía en torno a unas ayudas concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la Mancomunidad para actividades de formación y empleo, cuyo reintegro fue reclamado por la Administración autonómica

al no quedar debidamente justificado el destino de la subvención.

Según la investigación, "la subvención concedida se integró de un modo indiferenciado (por la Mancomunidad), sin distinción alguna que determinase su origen o destino en la cuenta de la entidad, engrosando la caja única" y sin que se "controlase" que "las cantidades estuviesen vinculadas a la efectiva ejecución de la actividad subvencionada". Tras ello, y siempre según la investigación, el dinero fue destinado "a otros fines" diferentes al objeto de las ayudas.

LA "CANTIDAD DEFRAUDADA"

Más al detalle, la "cantidad defraudada" a cuenta del destino de esta subvención se elevaría a 420.786 euros, según la documentación recogida por Europa Press, toda vez que el auto de apertura de juicio oral afecta también a Mariano R.S. por su papel de interventor de la Mancomunidad, Fátima F.M. como tesorera de la misma, José Antonio N.O. como gerente y María Gloria R.L. como jefa de gestión de proyectos de la entidad.

Años atrás, recordémoslo, Antonio Maestre resultó imputado en la causa relativa a la presunta administración fraudulenta de la partida 31L de los presupuesto de la Junta de Andalucía, usada para la financiación de expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares y ayudas directas y supuestamente arbitarias, todo ello sin la fiscalización y publicidad necesarias.

En concreto, Maestre resultó imputado por una subvención autonómica de 901.518 euros concedida al Ayuntamiento de Los Palacios cuando él gobernaba la localidad, para la construcción y puesta en funcionamiento de un centro ecuestre. Y es que según la investigación, la subvención fue concedida en 2003 y abonada entre 2004 y 2005, "no habiéndose ejecutado nada del proyecto del centro ecuestre, excepto aquellos mínimos e insuficientes trámites para que la Junta procediera al abono de la misma".