Según han expuesto en un comunicado este viernes, lo ocurrido el 22 de septiembre "sorprendió e impactó sustancialmente a la comunidad universitaria", así como el cierre del expediente informativo. Si bien, han manifestado respetar las resoluciones, "independientemente de la opinión personal".

Aún así, han explicado que cuando se producen hechos que "vulneran claramente los derechos básicos de los alumnos como el de la libertad de expresión, de pensamiento y de reunión, es comprensible que se generen debates".

En este sentido, han sostenido que la tolerancia y el respecto a la diversidad de opiniones "son pilares básicos de la convivencia y la democracia que se tienen que mantener siempre, también en la UIB".

Desde el CdE han asegurado que con dicho acto se podrían haber incumplido "de forma grave" los Estatutos de la UIB, puesto que la normativa fija que las competencias sobre los espacios del edificio Ramon Llull pertenecen a su administrador de centro y no al decanato. "Pedimos que se cumpla, y si no es así, se derive la sanción correspondiente", han añadido.

Respecto al expediente, han expuesto que los estudiantes se quejan de que el procedimiento se abrió tarde y que se ha instruido y resuelto "de forma poco dinámica en cuanto al tiempo".

Asimismo, en cuanto a la resolución, "se respira preocupación y decepción en turno de un dictamen laxo respecto de hechos muy graves de incumplimiento de leyes, normativas y reglamentos a escala estatal y propias de la CAIB y la UIB por parte de un decano", han dicho.

Finalmente, sobre la cuestión de simbología "con significante político no ofensivo", el CdE concibe los espacios comunitarios como lugares donde "se tiene que ser tolerante y no querer imponer una uniformidad a la expresión política a un acto reivindicativo".