El PP pide el voto del PSOE a los PGE para poder avanzar en las medidas contra la pobreza energética

  • La procuradora 'popular' Mar González ha pedido el voto favorable del Grupo Socialista al proyecto de presupuestos generales del Estado para 2018 en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados para poder avanzar en las medidas de lucha contra la pobreza energética.

"Están a tiempo todavía de apoyar los de 2018, piensen en los más vulnerables negocien porque así todos podremos sumar", ha reclamado González en la argumentación del voto a favor de su grupo a una PNL de los socialistas sobre el denominado 'bono social' que los 'populares' han apoyado en aras al consenso que se consiguió en el Congreso en torno al Real Decreto por el que se regula la figura del consumidor vulnerable que, según ha admitido la procuradora proponente, Ana Muñoz de la Peña, ha mejorado la situación pero sin llegar a resolver un problema de acceso al suministro en el que habría que incluir el gas.

"Seguimos aplicando un sistema paternalista no de derechos", ha lamentado Muñoz de la Peña, quien ha aclarado al PP que la financiación del citado bono social no está garantizada porque no está recogida en los Presupuestos Generales del Estado, con la excepción de la parte que obliga a las comunidades autónomas y a las entidades locales "donde sí aparece la competencia porque el Estado sólo regula".

"No se puede regular sin pactar con las administraciones públicas implicadas de forma directa y sin invertir en información lo necesario", ha reivindicado Muñoz de la Peña en la defensa de su PNL que reclama convocar "con carácter urgente" una reunión conjunta del Consejo Territorial de Servicios Sociales y la Conferencia Sectorial de Energía para conocer y evaluar las actuaciones relacionadas con la aplicación del bono social y con la supresión del suministro por impago.

También se ha dado el visto bueno a llevar a cabo campañas institucionales de publicidad y comunicación sobre el procedimiento de solicitud del bono social eléctrico en colaboración con los servicios sociales de las comunidades autónomas y las organizaciones y asociaciones de consumidores, para llegar así a "la máxima divulgación posible".

Del mismo modo, los grupos han apoyado solicitar que la CNMC elabore y publique cada año un informe de evaluación sobre la eficacia y eficiencia del bono social, su financiación y sobre la información relativa al número de costes de suministro y las razones de los mismos que se hubieran llevado a cabo durante el año anterior. A estos efectos, solicitan las Cortes, la CNMC podrá realizar y publicar recomendaciones para la modificación de la normativa sobre el bono social.

Desde el Grupo Ciudadanos, el procurador José Ignacio Delgado ha dado el visto bueno a la iniciativa socialista desde el reconocimiento de que se trata de un "grave problema" para una comunidad como Castilla y León por lo que ha apelado al consenso de todos los partidos para atajar una situación que, según ha advertido, no se ha resuelto ya que "queda mucho camino por recorrer" a pesar de los pasos dados en los últimos meses.

Delgado ha cargado contra la falta de presupuesto y de voluntad para sacar adelante medidas contra la pobreza energética y ha abogado por actuar "con rapidez, eficacia y eficiencia" ante esas situaciones a través de campañas de información "singulares" para evitar también la estigmatización de las personas afectadas.

Del mismo modo, el procurador Ricardo López ha cargado contra el resultado del Real Decreto aprobado con consenso por el Partido Popular y ha dado el visto bueno a la PNL que, en su opinión, reconoce que no se han conseguido los objetivos buscados, como advirtió en su día la formación morada. "Es una política de hechos consumados", ha lamentado para criticar también que se pretenda convertir a los servicios sociales en comercializadoras para resolver la pobreza energética.

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