El 2017 fue un año de menor actividad para el Defensor del Pueblo en Madrid. A lo largo de doce meses recibió un total de 4.520 reclamaciones y quejas por parte de los ciudadanos de la Comunidad, un 13,3% menos que en 2016. Además, del total de peticiones que se realizaron en toda España, las que se dieron en Madrid solo representan el 18,4%.

En cambio, de las 18 áreas en las que se pueden dividir las reclamaciones, el número de las mismas asciende en trece: donde más lo hace es en cultura (un 77,2% más que el año pasado), medio ambiente (75,8%), administración local (62,2%) y política social (53,2%). Un aumento menos pronunciado se produjo en educación (30,5%), en centros penitenciarios (28,5%) y en empleo (28,1%).

Un dato llamativo es el que se da en las quejas sobre función y empleo públicas, dado que de un año a otro se redujeron en 1.043, lo que supone un 61% menos. Asimismo, también se han conseguido reducir los casos que permanecen en estudio: de los 174 de 2016 se consiguió pasar a solo 65. Las reclamaciones más habituales son las siguientes:

En este apartado entran en juego tanto las cuestiones de contaminación como de cuidado del entorno. Madrid se ha convertido en una de las zonas más afectadas por la polución, y así se recoge en el informe. Pero además, también se emitieron recomendaciones relativas a los datos sobre capturas anuales de los cotos de caza ubicados en el parque regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama.

Por otra parte, el organismo recibió quejas para que el entorno habitado de la M-40 y la A-6 se declare zona acústicamente saturada y se apruebe un plan zonal para la corrección de la contaminación acústica.

En cuanto a la política social, las recomendaciones se centraron en los centros de acogida de Isabel Clara Eugenia y Hortaleza, para mejorar los sistemas de vigilancia de tal manera que sepreserven los derechos de los menores.

Además, se ha solicitado el reconocimiento de familia numerosa de categoría especial para aquellas familias en las que han tenido lugar dos nacimientos de gemelos o mellizos. Asimismo, se incluyen avisos para agilizar la tramitación de las tarjeas de discapacidad.

La variedad de peticiones aquí es mayor: van desde las instalaciones hasta los procesos de admisión. Además, la Comunidad recibió una queja en la que se cuestionaba el hecho de que un centro de la localidad de Villanueva de la Cañada no contase con los servicios de un fisioterapeuta desde que se produjera la jubilación del anterior.

En el apartado de migraciones destaca el caso de la letrada de una ciudadana colombiana manifestaba que a su representada le fue denegada la entrada en España, en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, donde llegó procedente de Colombia y que le fue practicado un registro corporal externo y una prueba radiológica sin informarle de los motivos para su realización.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo formuló una recomendación, que ha sido aceptada, para que en todas las actuaciones en las que se proceda a la práctica de pruebas radiológicas a requerimiento de los funcionarios policiales adscritos al grupo de estupefacientes de aeropuertos, se deje constancia escrita de la diligencia practicada, de sus causas, del consentimiento informado y de la identidad del agente que la realizó.

Con respecto a 2016, el Defensor mantiene su reclamación por la escasez en la implantación y ausencia de funcionamiento de los servicios forenses adscritos a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el Partido Judicial de Madrid, así como las dificultades para acceder a un servicio de guardia para los casos de violencia de género fuera del horario laboral establecido de 8 a 21 horas de lunes a viernes. Sigue esperando respuesta de las autoridades, tal como especifica en el documento de este año.