Los Mossos d'Esquadra activarán desde el próximo miércoles un plan para garantizar el orden público y la protección de edificios judiciales, europeos así como las sedes de partidos políticos y de la administración del Estado, ante la previsión de protestas a partir de este mes en Cataluña.

Según han informado fuentes policiales, el plan operativo, bautizado como "Minerva", tiene como objetivo extremar las medidas de prevención y reacción ante las actos de protesta, concentraciones y manifestaciones que puedan convocarse en las próximas semanas.

La policía catalana ha puesto en marcha este plan operativo, tras los incidentes ocurridos en los últimos días en Cataluña en las protestas por la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Alemania, a raíz de la euroorden dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

El Sindicato de Policías de Cataluña (SPC) ha pedido al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que investigue las agresiones sufridas por agentes de los Mossos d'Esquadra en las manifestaciones del 25 de marzo, durante las cuales 23 mossos resultaron heridos.

En un comunicado, el SPC explica que ha emitido esta petición tras conocer la intención del Síndic de estudiar la actuación de los Mossos ese día y pedir a la Generalitat información sobre las actuaciones policiales que se llevaron a cabo.

De esta manera, el sindicato informa que 23 agentes que participaron en este operativo en varios puntos de Cataluña resultaron heridos de diversa consideración por lo que reclama, en el marco de esta misma investigación, que el Síndic también indague en las agresiones sufridas por los mossos.

Además, pide que indique si el operativo del 25 de marzo, teniendo en consideración los recursos humanos y materiales de los que disponían los agentes, era suficiente para llevar a cabo su función.

Según señala el SPC, la función de los policías, además de "velar por los derechos y libertades de los ciudadanos", es la de "restablecer el orden público cuando estos no se ejercen de forma pacífica o fuera de la legalidad", como es el caso de las manifestaciones no comunicadas que afectan a la vía pública.

En este caso, afirman, "el uso de la fuerza puede ser ordenado por la autoridad competente, siendo los agentes de la policía los que cumplen las órdenes recibidas".