En un video difundido por Somos Oviedo en las redes sociales, la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, ha mostrado su apoyo a la ONG, afirmando que "hacer labores humanitarias es un derecho" frente a la "irresponsabilidad" de los gobiernos de la Unión Europea.

La tripulación del Open Arms realizaba una misión de rescate el pasado 15 de marzo en aguas internacionales del Mediterráneo Central, cuando se vio amenazada por un grupo de guardacostas libios, que coaccionaron al equipo para que entregara a las mujeres y niños que habían rescatado.

La embarcación escapó de la patrullera libia, que amenazó con abrir fuego si no entregaban a los inmigrantes, y desembarcó en el puerto de Pozzallo, en el sur de Sicilia con 218 inmigrantes a bordo.

La embarcación de la ONG fue incautada por las autoridades italianas y el capitán del barco y la coordinadora de la misión fueron acusados de fomentar la inmigración ilegal por desobedecer a los guardacostas libios y de asociación criminal.

ZONA SAR DE LIBIA

Según la Guardia Costera italiana, los hechos ocurrieron en aguas de la zona SAR Libia, un área de responsabilidad para los rescates en el mar y que requiere su activación por parte de los Estados para que conste en los actos oficiales de las organizaciones internacionales.

Sin embargo, Libia "no aparece en las listas de las autoridades nacionales responsables de las áreas SAR", lo que supondría la inexistencia de esta zona y las acusaciones de la fiscalía contra Open Arms carecerían de base legal, según ha explicado el abogado de la organización, Eduard Aguallo.

ELIMINACIÓN DE TESTIGOS

La patrulla 648 de Libia, que amenazó con disparar a los miembros de Open Arms, ya había protagonizado anteriormente varios incidentes en el Mediterráneo con un desenlace trágico, como es el caso de la ONG alemana Sea-Watch, que el pasado 6 de noviembre vio morir a más de 50 personas por la interferencia de esta patrulla.

La ONG considera que ha sido objetivo de una campaña institucional, política y mediática que pretende "eliminar a los testigos que denuncian las vulneraciones de derechos humanos" en el Mediterráneo.

El barco insignia de Open Arms fue retenido el 18 de marzo, y este martes, el juez de instrucción de Catania, Nunzio Sarpietro, aceptó que se mantuviera retenido, pero consideró que solo subsiste el delito de inmigración clandestina, y no el de asociación para delinquir, como acusaba el fiscal de Catania, Carmelo Zuccaro.

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