"equivalente al presupuesto sanitario alcanzado en 2010" y del empleo perdido en el sistema sanitario público para "acabar con la precarización laboral y eliminar los contratos basura, las interinidades indefinidas y los puestos comodín".
La moción, aprobada por todos los grupos, insta a la Junta de Castilla y León a que se incentiven las plazas en zonas básicas de salud rurales o semiurbanas que por diversas razones no susciten el interés de los profesionales, así como una nueva planificación de la Atención Primaria y Especializada en el ámbito rural y semiurbano que reúna "un amplio consenso social y profesional", que no se cierren plantas y camas hospitalarias y que se utilicen intensivamente los recursos que tiene la sanidad pública a través de la contratación del personal necesario para reducir las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, así como que se eliminen los conciertos con la sanidad privada.
El Pleno ha exigido "el fin de los modelos de colaboración público-privada, el abandono del proceso de implantación de las Unidades de Gestión Clínica y la reconversión de los servicios externalizados".
Por otra parte, ha pedido implementar programas de prevención y promoción de la salud en el ámbito de la atención primaria, acercar la Atención Especializada y hospitalaria a los núcleos rurales de población alejados de los hospitales de área, mediante el desarrollo debidamente dimensionado de estos servicios, una mayor dotación del transporte sanitario (urgente y programado) y el establecimiento de los convenios de colaboración oportunos con la sanidad pública de comunidades autónomas limítrofes.
También una nueva Unidad Móvil de Emergencias (UME) para Guardo y su comarca, así como la normalización en la prestación de atención especializada por parte del Hospital Tres Mares de Reinosa, para la población de Aguilar de Campoo y su comarca, mediante convenio con el gobierno de Cantabria, daría satisfacción a demandas insistentemente reclamadas por estas poblaciones del Norte de Palencia.
Por ultimo, el Pleno ha exigido poner fin a nuevos copagos por la utilización de los servicios sanitarios o en la aplicación de los tratamientos prescritos por el sistema público de salud, nombramientos de gerentes "atendiendo a su perfil profesional" y poner en funcionamiento "cauces eficaces de participación social y profesional en todos los niveles del sistema sanitario", con participación ciudadana en la toma de decisiones.
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