UGT revisa 98 constructoras en 20 días y envía 74 al fiscal

El sindicato denuncia que el 75,5% de las firmas inspeccionadas incumplen las medidas de seguridad. En seis meses han muerto 17 personas en el tajo
Dicho y hecho. UGT prometió iniciar un plan de choque contra la siniestrabilidad laboral en la construcción y en tan sólo 20 días ha denunciado ante la Fiscalía y la Inspección de Trabajo a 74 empresas. Los responsables del sindicato han visitado durante todo este mes 18 municipios, donde operaban 98 empresas –66 contratas y 32 subcontratas–, y sólo el 24,5% cumplía con las medidas de seguridad.
 
El descubrimiento, según los responsables de la organización sindical, «no ha sido tal». UGT estima que los altos índices de siniestrabilidad que presenta Granada, con 17 muertos en lo que va de año (10 en el sector de la construcción), ponen en peligro la vida de 380 trabajadores».
 
El secretario provincial de UGT, Mariano Campos, resaltó que «este esfuerzo no servirá de nada si la justicia y las administraciones no actúan con rapidez y sancionan a los responsables». Asimismo, Campos destacó que la siniestrabilidad está «estrechamente ligada con la precariedad de los trabajadores», algo que, según denunció, «no sólo ocurre en los pequeños negocios. Sin ir más lejos, las empresas Limdeco, ITT y Acsa Agbar tienen trabajadores con contratos eventuales ocupando puestos fijos». Estas situaciones, afirmó, «hacen que los empleados se presten a todo por miedo y  necesidad».
 
Denuncias
 
Pueblos: Cijuela, Ambroz, Salobreña, Las Gabias y Chauchina, pueblos con más irregularidades.
 
Faltas: Las hay de protección colectiva (redes, barandillas de seguridad y perímetros...) e individual (de sujeción, calzado, guantes...). Las multas dependen del grado de gravedad de la infracción.
 
Esclavos en el siglo XXI
 
Los responsables de UGT denunciaron ayer que en «Granada existen situaciones esclavistas». Según el sindicato, «hace varios días se montó un dispositivo con la Guardia Civil porque se tenía constancia de que una empresa del sector alimentario recogía a decenas de inmigrantes en un pueblo del área metropolitana para hacerlos trabajar de forma ilegal durante la noche, pagándoles una miseria». La investigación «continúa abierta, aunque, de momento, no podemos dar más datos».
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