La portavoz de Servicios Sociales del grupo Popular, Isabel Urrutia, defenderá este lunes en el Pleno una proposición no de ley para que el Ejecutivo autonómico apruebe una serie de medidas que permitan la sostenibilidad del sistema para la promoción de la autonomía y atención a la dependencia, así como la mejora de las garantías de las personas en situación de dependencia para recibir los servicios a los que tienen derecho.

En un comunicado, la diputada explica que en febrero el PP se reunión con el sector y la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga, trasladó a los representantes de los afectados que en sus filas tienen "mucho que decir y ofrecer" para que el sistema "avance y tenga certezas", y "dejar atrás la incertidumbre y el retroceso" al que, a su juicio, ha sometido el bipartito a la Dependencia desde 2015.

Frente a la oferta 'popular' de "trabajo, escucha y propuesta", Urrutia dibuja un panorama "desolador" para las personas, entidades y empresas prestadoras de los servicios, cuya situación actual es "mucho peor" que en julio de 2015.

Así, según denuncia, "hay más personas esperando para ser atendidas" que hace tres veranos, al tiempo que se destina "menos dinero público", 7 millones de euros menos para prestaciones del sistema en 2018 que en 2015.

Además, "hay una más que evidente situación de insostenibilidad de las entidades y empresas prestadoras de los servicios del sistema de Dependencia, que llevan tres años sin subir ni un solo euro, con promesas incumplidas y chantajes inconcebibles".

Por lo anterior, Urrutia ve que hay "una parálisis de gestión" que está generado "gran incertidumbre" entre las empresas y entidades del sector "con las que el Gobierno ha roto puentes, porque ha dinamitando el diálogo y el trabajo conjunto y prefiere apostar por la imposición".

Ante esto, el PP busca con su propuesta que la Cámara se pronuncie y todos los grupos insten al Gobierno a planificar y a trabajar para la sostenibilidad del sistema, de los servicios y, por lo tanto, de las empresas y entidades que prestan esos servicios.

"Pedimos al Gobierno que apruebe y publique un plan de recursos de servicios de atención a las personas en situación de dependencia, con previsión de al menos cinco años, publicando además anualmente la información de plazas y servicios que con carácter estimativo considera necesarias para la cobertura del sistema", detalla la parlamentaria del PP.

Agrega para finalizar que otro objetivo de esta iniciativa parlamentaria es que el Ejecutivo apruebe en el plazo máximo de un mes y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2018 una actualización de los precios públicos de las prestaciones y servicios del ICASS, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, destinado a la atención a las personas en situación de dependencia que "se corresponda, al menos, con el aumento acumulado del IPC desde el año 2015 a la actualidad".

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