Ha sido un reciente pleno del Consejo Consultivo del Principado de Asturias el que ha dictaminado que procede declarar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, en un caso que se remonta al año 2008, cuando se le otorgó inicialmente al vecino la licencia que luego fue anulada.

El Consejo Consultivo entiende que hubo responsabilidad del Ayuntamiento y que se le causó un daño al vecino que sufrió un "perjuicio real" y tuvo que demoler parte del muro de cierre y retirar un portón en él instalado.

De esta forma, el Ayuntamiento acepta como "lesiones indemnizables" todos los gastos realizados en base a la licencia anulada y los correspondientes a la posterior demolición y desmontaje de lo realizado, según consta en el decreto de Alcaldía al que ha tenido acceso Europa Press.

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