En declaraciones a los periodistas, Vargas ha remarcado que en esta labor tiene que ser compartida por todas las administraciones, cada una desde sus competencias, por los empresarios, por los sindicatos y las distintas ONGs, las cuales aseguran que en la actualidad "conviven en estos lugares unas 1.800 personas", según ha precisado el director general de Coordinación de Políticas Migratorias.

Vargas ha señalado que están estudiando conjuntamente con los ayuntamientos una serie de propuestas concretas, como la disponibilidad de suelo, el incentivo para alquileres y también de segundas viviendas de particulares.

El objetivo, según ha subrayado, es "seguir dando pasos y hay voluntad para ello porque estamos convencidos de que esta imagen del sector agrícola es falsa", aunque ha señalado que "los asentamientos no van a desaparecer de un día para otro ya que es necesaria una gran labor pedagógica y de mediación".

Por su parte, el delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, ha precisado que en este foro "se está coordinando entre las distintas administraciones y agentes sociales las medidas de atención a la población inmigrante que en estos momentos se encuentra en la provincia" y la próxima reunión será en un mes, siendo el objetivo organizar unas cuatro al año.

A su juicio, "es fundamental contar con una mesa de estas características en la que se establezca un cauce de participación y debate entre instituciones, empresarios, sindicatos y ONG's para promover la integración social de las personas inmigrantes y se mejore la asistencia durante el tiempo que permanezcan en la provincia".

En este sentido, y dentro de las competencias que le corresponden a la Junta de Andalucía, el delegado ha cifrado en casi 173.000 euros la cantidad aportada durante el pasado año por la Consejería de Justicia e Interior en subvenciones para ayudas sociales a las que se pudieron acoger 15 organizaciones que trabajan con inmigrantes en la provincia de Huelva.

Otra línea fue la destinada a los ayuntamientos de Huelva, Moguer y Almonte en concepto de ayudas para lograr soluciones habitacionales a los inmigrantes que se encuentran en estos momentos en la provincia de Huelva, a lo que se destinó 124.000 euros.

Por su parte, el director general de Coordinación de Políticas Migratorias, Luis Vargas, ha recordado que la Junta de Andalucía ha aumentado para 2018 a nivel regional la financiación para Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva hasta los 75.925 euros, destinadas a las ONGs.

HASTA UN MILLÓN DE EUROS

Igualmente, el presupuesto de la Junta ha incrementado en 2018 sus partidas hasta un millón de euros, destinados a las entidades locales andaluzas para que realicen proyectos que tengan por objetivo la adquisición, construcción, reforma, reparación, conservación y equipamiento de albergues, casas de acogida y servicios diurnos de atención básica para personas inmigrantes

Vargas ha compartido con las vocalías del foro las distintas alternativas existentes, tras los diferentes trabajos desarrollados por el grupo de trabajo específico, constituido en el seno del foro hace dos años y que ha contado con la participación activa de las ONGs. En este sentido, existe un sólido consenso en el abordaje paulatino de la supresión de los asentamientos en los diferentes municipios, adaptando las actuaciones a las particulares circunstancias del territorio.

MIEMBROS DEL FORO

El Foro Provincial de la Inmigración de Huelva cuenta con la participación de más de una veintena de miembros representantes de diferentes administraciones públicas, de organizaciones sindicales, de organizaciones empresariales, y entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el campo de la inmigración y la interculturalidad.

Entre sus principales funciones se encuentran las de mejorar la gestión de la diversidad, facilitar el diálogo y la comunicación entre la población inmigrante y la sociedad de acogida; formular propuestas y recomendaciones para promover desde las administraciones la integración social y conocer los programas y actividades que llevan a cabo los organismos públicos en esta materia.