El convenio, firmado por la presidenta del CERMI, Mar Arruti, y el presidente de la FMC, Pablo Diestro, en la sede del CERMI, se materializará en primer lugar en la presentación de mociones en todos los ayuntamientos "para que se comprometan a trabajar en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, para que estén presentes de forma transversal en todas sus áreas de trabajo", desde accesibilidad, hasta ofertas de empleo, servicios y prestaciones sociales.

Según han explicado, esta propuesta surge ante la necesidad de "aunar esfuerzos" e impulsar actuaciones que se rijan por los principios de solidaridad y equidad territorial con el fin de evitar una aplicación desigual de las políticas; y promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades por todas las personas con discapacidad.

Diestro ha afirmado que en la Federación de Municipios están "sensibilizados" pero la relación con el CERMI les ha "sensibilizado mucho más" y ahora los ayuntamientos "tienen que trabajar para ir implementando estas medidas".

Arruti ha hecho especial hincapié en la accesibilidad, y ha recordado que desde el pasado 4 de diciembre, todos los ayuntamientos y sus bienes y servicios deben ser accesibles.

Preguntada sobre la sensibilidad de los consistorios respecto a los derechos de las personas con discapacidad, ha explicado que "depende del ayuntamiento", que los hay "más sensibles" y con "más recursos" también, y otros a los que "nos cuesta más llegar".

Además, ha destacado que las iniciativas de ayuntamientos sensibilizados pueden "servir de buenas prácticas" para los demás, como está ocurrienod con los parques infantiles accesibles.

Sobre el paso a la administración electrónica que los ayuntamientos están obligados por ley a dar a corto plazo, Arruti ha advertido que estarán "vigilantes" para que no se convierta en una nueva barrera para las personas con discapacidad y si es así "estaremos encima de ello para que se corrija", ha dicho.

Preguntada sobre las negociaciones con el Gobierno regional sobre la financiación de las plazas públicas y la normativa de los centros, la presidenta del CERMI ha explicado que la Dirección General de Políticas Sociales y el ICASS les ha citado a una reunión la próxima semana para hablar de la actualización de los precios públicos, pese a que en anteriores reuniones les comunicaron que la orden se publicaría de forma inmediata.