Las comparecencias relativas a la Ley de Transportes y Movilidad Sostenible comenzarán el 9 de abril en la Junta General del Principado de Asturias, en el marco de la ponencia de la norma, que será sometida a debate en el parlamento asturiano una vez finalicen las mismas.

La Ponencia del Proyecto de Ley de Transportes y Movilidad Sostenible se ha reunido este martes para establecer el calendario de las comparecencias, fijando como último día el 16 de junio.

Ya en diciembre los grupos parlamentarios presentaron sus enmiendas -175 en total- a la norma propuesta por el Gobierno asturiano, presentada en febrero del pasado año, cuando todavía era consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medioambiente Belén Fernández.

El partido más crítico ha sido Podemos, con 96 enmiendas presentadas frente a un proyecto de ley "incompleto". La principal crítica de este grupo parlamentario ha sido que "hable más de helicópteros que de bicicletas". Además, han abogado por unas modificaciones que pasen por la planificación territorial, la vertebración de las zonas rurales y el fomento del transporte intermodal y de la bicicleta.

Otra de las medidas planteadas por Podemos es la creación de una oficina de la bicicleta en Asturias que fomente el "transporte sostenible" y transforme a Asturias "en una Comunidad a la altura de los requisitos medioambientales".

Por su parte, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida planteó entre sus 24 enmiendas que, una vez se apruebe la norma, el transporte público asturiano tenga diez años para renovar su flota con vehículos de cero emisiones.

Para Izquierda Unida, habría que incorporar elementos que garanticen la convivencia entre diferentes usuarios de las vías; ser exigentes en la iluminación de túneles en carreteras; y potenciar la construcción de carriles bicis o cercanos a centros educativos. Piden además establecer medidas educativas para la convivencia entre ciclistas y senderistas cuando comparten espacios. Todo ello en cooperación con federaciones de ciclismo y de montaña.

El objetivo último de las enmiendas de IU a la ley de Transporte y Movilidad Sostenible es "generar un uso amable por parte de todos en las carreteras o sendas, y evitar enfrentamientos que se están dando entre diferentes usuarios de la vía".

Desde el PP se han presentado 40 enmiendas al proyecto de ley, que buscan "mejorar el texto y adecuarlo a las circunstancias específicas de Asturias y los sectores implicados". Han puesto el foco en la necesidad de eliminar la cláusula de actividad exclusiva que afecta a los taxistas asturianos, ya que "no hace más que restringir la capacidad de la iniciativa económica de las personas vinculadas al sector".

Proponen además que la Ley limite el número de licencias a un máximo de tres por titular, "para evitar la concentración en unas pocas manos de un número de licencias mayor". Por otro lado han pedido que se tenga en cuenta a las personas con discapacidad y a los ciclistas en el apartado de la promoción de accesibilidad universal. Para ello han planteado además que se establezca la posibilidad de que los transportistas puedan fijar por su cuenta bonificaciones para los viajeros, sin que suponga un beneficio para los propios transportistas.

El PP mostró el pasado mes de diciembre su temor de que el proyecto "excluya" a las alas en el apartado de movilidad sostenible, y ha reclamado que este proyecto de ley no sea uno de los "primeros pasos para introducir por la puerta de atrás el área metropolitana".

Desde Foro el grueso de las enmiendas presentadas -67 en total- busca "acomodar" la ley a la legislación estatal básica, pero también "fomentar" la participación de municipios y colectivos en la ordenación del transporte" y "mejorar" las características y requisitos del equipaje o las estaciones de viajeros.

Además, también han propuesto mejoras en la regulación del transporte sanitario, "garantizando en caso de que haya diferentes servicios privados en concurrencia la observancia y cumplimiento de idénticos requisitos en normativa medioambiental, de seguridad, de tiempos de conducción y descanso para favorecer la competencia". Por otro lado, proponen la garantía presupuestaria del CTA y la representación en los órganos gestores de todos los operadores.

Ciudadanos, por su parte, ha presentado enmiendas dirigidas a que no solo los municipios con más de 50.000 habitantes tengan un plan de movilidad sostenible, como contempla el actual proyecto. Piden rebajarlo al resto de localidades de más de 35.000 "para evitar que lugares como Mieres o Langreo se queden sin un plan sostenible".

Otra de las cuestiones propuestas por el grupo parlamentario es el impulso del transporte eléctrico, tanto de uso privado como público, así como los puntos de recarga y el aumento del uso de la bicicleta y, por lo tanto, la creación de más carriles bici.