El Consistorio ha intentado vender este inmueble de titularidad municipal en múltiples ocasiones, siempre sin éxito, toda vez que en el pasado mandato, el entonces gobierno local del PP promovió una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para reclasificar el edificio de suelo de interés público y social (SPIS), a suelo de gran superficie comercial. En el actual mandato, en el que el PSOE gobierna el Ayuntamiento, la institución municipal desistió de dicha recalificación, para decidir qué uso dar al edificio.

Para ello, sobre la mesa pesan distintas propuestas para destinar el edificio a un hotel, un espacio de salud y deporte o a un centro de emprendimiento, pesando además la declaración del edificio como Lugar de Memoria Democrática a cuenta de su papel durante los años de la dictadura franquista.

No obstante, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno local del PSOE y el Grupo popular del Ayuntamiento para que los populares se abstuviesen en el pleno destinado a votar la aprobación inicial del proyecto presupuestario de 2018 incluía el compromiso de promover una nueva recalificación del edificio, para que el mismo admita usos terciarios y así intentar vender de nuevo el inmueble. Todo ello, en una operación destinada a ofertar a un inversor privado el aprovechamiento de este edificio, a cambio de que costee la restauración del antiguo convento de San Hermenegildo para su uso como espacio sociocultural y la reurbanización de la plaza que separa a ambos enclaves.

Pues bien, una vez que el pleno del Ayuntamiento ha aprobado una moción con la voluntad política de emprender dicha operación, con el voto a favor del PP y el PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Participa e IU, diferentes agentes sociales se han pronunciado en contra de la idea.

"OPORTUNIDAD" PERDIDA

El colectivo 'Entre Adoquines', que propone reconvertir la antigua comisaría en un centro de investigación y emprendimiento universitario y un espacio socio cultural, ha criticado la "venta" para lo privado de un edificio que constituye "una oportunidad" para la ciudad y ha lamentado que "el gran referente del movimiento moderno de Sevilla se convierta en otro hotel o gimnasio".

El secretario de Relaciones Institucionales de CCOO de Sevilla, Carlos Carreño, ha mostrado además su oposición y la del sindicato a la venta del edificio de la Gavidia. Según Carreño, "la decisión de Espadas de vender la Gavidia en vez de mantener la titularidad pública de este estratégico edificio obedece a razones políticas y no económicas y viene acompañada del giro del Gobierno de Espadas hacia posturas más conservadoras, como también ocurre con otros aspectos como la política fiscal".

Carlos Carreño, además, avisa de que el reconocimiento del edificio como Lugar de Memoria Democrática por parte de la Junta de Andalucía no debe quedar en una 'plaquita' en la puerta, sino que debe proteger espacios como los calabozos y convertir parte del edificio en un Centro de interpretación de la Dictadura Franquista, para conocimiento de las generaciones más jóvenes y evitar que esta negra etapa en la historia de España pueda repetirse. Es también un justo reconocimiento a quienes padecieron torturas por luchar por la democracia en nuestra ciudad".

Del mismo modo se ha pronunciado la plataforma "por una Gavidia pública", encabezada por el miembro de CCOO Antonio Muñoz Lobatón y que avisa de "un nuevo pelotazo urbanístico, subvirtiendo el actual PGOU que deja clara la titularidad pública del edificio".

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