«Eres una fea, vete de aquí»; «llevas el pelo largo, no entras»; «no me gustas, no pasas». Son algunas de las joyas que aseguran haber escuchado algunos clientes de discotecas de la capital de boca de los porteros, según algunos testimonios recogidos por 20 minutos y otros reproducidos en Internet en distintas webs de denuncias.

El Gobierno central ha decidido intervenir ante el crecimiento de las críticas y denuncias contra los porteros de los locales de ocio nocturno, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz. La Administración central va a intensificar las inspecciones sobre el sector, en las que se revisarán los papeles de los «controladores de accesos» y las formas que emplean.

El subdelegado opina que deberían profesionalizarse estos empleos: «No queremos matones, sino personas con formación que velen por la seguridad del recinto». Algunos son ex combatientes de la guerra de Bosnia que «no tienen problemas en intervenir con firmeza», según otras fuentes de la Administración. Así pues, se actuará contra los que se extralimiten y discriminen por razones no contempladas en la normativa.

Por su parte, los propietarios de las discotecas consultados defienden las formas de sus empleados. Por ejemplo, el representante legal de Mae West, Gabriel Rubio, asegura que «la principal misión de los porteros es garantizar la seguridad en el interior del recinto».

Según Rubio, «en ningún momento se prohíbe la entrada por razón de sexo o raza, pero sí a alguien que llega borracho o con formas violentas». Para el letrado, es «muy difícil conseguir el equilibrio entre el derecho de admisión y la seguridad de los clientes».

Castigos "ejemplares"

La asociación de consumidores Facua aboga por que las autoridades apliquen «castigos ejemplares» contra los negocios cuyos porteros se excedan. «Estos locales recuperan el dinero de la multa en una noche, pero si lo cierran una semana o un mes, seguro que cambian las cosas», valora el portavoz de Facua Andalucía, Rubén Sánchez.

La normativa andaluza reconoce el derecho de admisión bajo unas condiciones generales (no presentar signos de embriaguez, violentos, etc.) y otras específicas (como no llevar ropa deportiva o introducir alcohol). Estas últimas deben ser autorizadas por el Ayuntamiento competente y la Junta.