Así, Pérez Navas ha detallado en un comunicado en los ocho primeros días del mes de marzo, el Partido Popular ha celebrado cuatro juntas de gobierno local "deprisa y corriendo para impulsar la contratación de servicios, mientras que en todo el mes de febrero tuvieron lugar cinco reuniones de este órgano".

En el caso de muchos contratos menores, "cada vez más usados para la adjudicación directa por parte del PP, las causas están en la descoordinación del gobierno municipal y escasa ejecución de los presupuestos de 2017", ha indicado el socialista.

Ha agregado que "resulta especialmente relevante que en semanas recientes se haya dado inicio a procedimientos para la contratación de tres importantes servicios, desde el punto de vista económico, como son el de parques y jardines -más de 33 millones de euros-; los servicios complementarios para el área de Cultura -casi un millón de euros- y los relativos a la presencia de socorristas en las playas de la capital, por importe de 876.418 euros".

Además, Pérez Navas ha señalado que con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, en el caso de la futura concesión de parques y jardines, "se habría facilitado la adjudicación por lotes de las diferentes tareas a ejecutar, lo que podría haber redundado en la presentación de ofertas por parte de empresas del ámbito local frente a las grandes compañías que copan este tipo de jugosos contratos".

Precisamente, ha proseguido, "los socialistas solicitamos en la comisión de seguimiento de las empresas concesionarias que el mantenimiento de parques y jardines saliera a concurso a través de esta fórmula y que entre las tareas se incluyera el trasplante de árboles y la reparación de aceras dañadas, lo que habría supuesto un aumento en la plantilla de trabajadores".

"LA PRECARIEDAD LABORAL"

En ese sentido, ha argumentado también que en el caso de los contratos relacionados con servicios en los que la mano de obra supone el coste fundamental para las empresas, "la intencionalidad de no aplicar la nueva Ley de Contratos del Sector Público por parte del Partido Popular perpetúa que las empresas que se hacen con los mismos ganen dinero a costa de unas peores condiciones laborales y salariales de los trabajadores".

"Lo que tienen que saber los almerienses es que las prisas que le han entrado de repente al alcalde luego tienen tanto repercusiones en la calidad de los servicios que se prestan por parte de las empresas que trabajan para el Ayuntamiento como en los propios trabajadores que los realizan", ha remarcado.

Asimismo, ha señalado que en los contratos "en los que el grueso del importe a pagar se destina al salario por hora de los empleados", la aceptación de la baja económica "como criterio fundamental a la hora de la adjudicación a una empresa conlleva que esta gane dinero sobre la base de repercutir esa baja en la oferta en las condiciones laborales de los trabajadores".

NOVEDADES LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

La nueva Ley de Contratos del Sector Público a nivel nacional tiene como novedades destacadas, según ha desgranado Pérez Navas, que la baja económica presentada por las empresas interesadas en hacerse con la adjudicación "no es el criterio determinante como viene sucediendo hasta el momento" y que, por el contrario, "pasen a serlo otras cuestiones como el compromiso social de las ofertas o el medioambiental", entre otros.

Asimismo, se trata de poner coto "a las subcontrataciones sucesivas" por parte de las empresas que se hacen de determinados contratos, una cadena que "suele suponer un perjuicio para las condiciones de los empleados".

El PSOE ha destacado que ya en febrero de 2016, desde el Grupo Municipal Socialista se elevó a pleno una moción, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos representados, para la incorporación de cláusulas sociales en los procedimientos de adjudicación de servicios municipales a empresas.

En concreto, "sin que el alcalde haya hecho nada por cumplir con una iniciativa que él mismo y sus concejales respaldaron públicamente", los socialistas han apuntado que "se solicitaba la elaboración por parte del Ayuntamiento de Almería de un protocolo o pliego de cláusulas administrativas tipo que rijan la contratación de obras, bienes, servicios y suministros realizada por la administración municipal y las entidades dependientes del mismo, incorporando criterios éticos, sociales y medioambientales en los procedimientos de adjudicación y en la ejecución de los contratos".