Presentación de las enmiendas en el Palau
Presentación de las enmiendas en el Palau COMPROMÍS CORTS

La Generalitat Valenciana se ha comprometido con los sindicatos CCOO PV y UGT-PV a que la nueva Ley de Fomento de la Responsabilidad Social incluya la obligación de subrogar las plantillas de las empresas contratadas por la administración si hay cambio de titularidad, además de garantizar plantillas mínimas y salvaguardar las condiciones económicas y las horas trabajadas.

Son algunas de las enmiendas que los sindicatos han presentado conjuntamente al anteproyecto de la norma, actualmente en tramitación parlamentaria, y que han dado a conocer este viernes sus secretarios -Arturo León (CCOO) e Ismael Sáez (UGT)- tras reunirse en el Palau de la Generalitat con el 'president', Ximo Puig; la vicepresidenta, Mónica Oltra, y los portavoces de los grupos que sustentan el Botànic: Manolo Mata (PSPV), Fran Ferri (Compromís) y Antonio Estañ (Podem). También han asistido los consellers de Economía, Rafa Climent, y Transparencia -responsable de la norma-, Manuel Alcaraz.

La Ley de Responsabilidad Social lleva desde 2016 en proceso y recoge el marco europeo al respecto. El anteproyecto se aprobó en verano del año pasado y ahora pasa por la fase de participación ciudadana en la comisión de Transparencia de las Corts. Los sindicatos han presentado sus enmiendas en coincidencia con la entrada en vigor este viernes de la nueva Ley estatal de Contratos del Sector Público, una norma que contempla la subrogación.

La nueva ley autonómica pretende dar "un paso más" para aportar estabilidad a los trabajadores y a las condiciones de licitación de las administraciones. Será aplicable tanto para las contratas de Generalitat -unas 8.500-, diputaciones, mancomunidades, ayuntamientos, sector público institucional "e incluso universidades", ha desgranado el secretario de Comisiones Obreras, que ha pedido al Consell que cree un registro para controlar los contratos.

Por parte de UGT, Sáez ha incidido en la "enorme trascendencia" que tendrá la ley en el empleo valenciano y sobre todo para "recuperar el valor de la negociación colectiva". Ha criticado al respecto que "la reforma laboral de 2012 permite burlar los convenios colectivos y que concurrieran empresas con convenio propio". A partir de ahora, ha asegurado que "ya no podrán mercadear con los derechos de los trabajadores", si bien ha remarcado que estos "no se convertirán en funcionarios".

"A LA VANGUARDIA DE ESPAÑA"

El Gobierno valenciano respalda las propuestas de los sindicatos al considerar, en palabras de Oltra, que la ley supone "un paso muy importante" para situar a la Comunitat "a la vanguardia de España en la protección de los trabajadores y en la contratación pública".

Puig ha coincidido en que se trata de un avance en el proyecto de "prosperidad social" de la Generalitat, en favor de la "dignidad colectiva" de los trabajadores. Con esta ley, el 'president' ha afirmado que "se podrá decir con toda seguridad que no va a haber más devaluaciones salariales", pues "ya no va a ser el arma competitiva de las empresas". "Aunque sea con la pequeñez que tenemos -desde el Consell-, tenemos que evitar la consecuencia terrible de la reforma laboral", ha reivindicado.

Por parte de los partidos, el síndic socialista ha asegurado que los preceptos de la ley dejan ver un horizonte "sin precedentes" en la Comunitat, al aportar estabilidad a "decenas de miles de familias" y combatir la brecha de género. El de Compromís ha recordado que la coalición ya solicitó estos requisitos al anterior ejecutivo autonómico del PP y ha subrayado que "queda mucho por hacer". Y el de Podem ha añadido que este "logro" permitirá "contrarrestar la precariedad y marcar límites al mercado" con "una de las leyes más avanzadas de España".

LA PATRONAL "NO ESTÁ POR LA LABOR"

Los dirigentes sindicales han destacado que el proceso "viene de años" y han lamentado que no se haya sumado la patronal autonómica, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), si bien "ha habido intentos" y "parecía que era sensible". "Es evidente que la patronal no está por la labor, buscando su máximo beneficio", ha aseverado el secretario de UGT, que ha reivindicado que el Consell "no está para atender sus caprichos", a lo que el de CCOO ha añadido que "no se puede estar en un constante juego de ofertas a la baja".

Respecto a si han trasladado las propuestas también a los grupos de PP y Ciudadanos (Cs), Sáez ha matizado que no es que no hayan querido hacerlo, sino que ha habido limitación de plazo para presentar las enmiendas y "la manera más práctica era dirigirlo con la mayoría parlamentaria suficiente". Ha ironizado además con que el PP se denomine como "el partido de los trabajadores" y Cs "tampoco lo es últimamente".

ENMIENDAS

En concreto, la primera enmienda que han presentado los sindicatos es la de obligar a las entidades licitadoras tengan en cuenta el convenio colectivo sectorial de referencia y las condiciones más beneficiosas para los trabajadores, así como una plantilla mínima, el número de horas de trabajo necesarias para una correcta prestación de servicios y facilitar cuanta información se requiera. La propuesta defiende que la plantilla mínima "no podrá modificarse unilateralmente por el contratista".

De esta forma, CCOO PV y UGT-PV pretenden acabar con las "ofertas a la baja" en la contratación y las infracciones y "prácticas desleales", con la consiguiente "devaluación de las condiciones de trabajo". Han puesto como ejemplo la aplicación de reducciones de jornada por "vías unilaterales y en muchos casos sin causa justificada ni previo acuerdo".

La segunda enmienda es el requisito de que la entidad adjudicataria deba respetar, a lo largo de la ejecución del contrato, las condiciones laborales y salariales contempladas en el convenio colectivo sectorial de referencia, "salvo que se establezcan más beneficiosas". El objetivo, "impedir las competencias desleales", después de que la justicia haya anulado "cientos de convenios colectivos por sus graves deficiencias".

Finalmente, la tercera propuesta es la que más han destacado los sindicatos, la de la obligación de que las adjudicatarias se subroguen como empleadores en "determinadas relaciones laborales". La enmienda recoge así que el órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores información sobre las condiciones laborales para evaluar los costes, siempre salvaguardando la protección de datos.

CCOO PV y UGT-PV justifican la inclusión de esta medida como un criterio de fomento de responsabilidad social y buenas prácticas, "más allá de lo estrictamente legal". Señalan al respecto que "especialmente a partir de 2012, por razones de sobra conocidas", las adjudicaciones de contratas han tenido como consecuencia "situaciones de inseguridad jurídica" y rechazan el "manido argumento" de que la subrogación iría en detrimento de los puestos de trabajo.

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