PP y PSOE han advertido esta mañana que la proposición de ley sobre el régimen jurídico de la actividad de Inspección Técnica de Vehículos en la Región (ITV) de Ciudadanos generaría "inseguridad jurídica".

Durante el debate parlamentario, los votos en contra del PP y Ciudadanos han rechazado la enmienda a la totalidad presentada por Podemos, lo que hace que siga adelante el trámite parlamentario de la propuesta de la formación naranja.

A pesar de que el trámite de la propuesta de Ciudadanos seguirá adelante, PP y PSOE ya han pactado un nuevo texto que, según el diputado del PP Javier Iniesta, garantizará la cobertura en todo el territorio y ofrecerá, también en palabras de los socialistas, seguridad jurídica a las empresas.

El diputado del PP ha criticado el plan de Ciudadanos advirtiendo que se trata de una propuesta "poco seria" en la que "no se reflejan las condiciones técnicas que se deben reunir" ni tampoco incluye los derechos de los usuarios, de los trabajadores, las tarifas o la supervisión por parte de la administración.

"Están proponiendo que haya una ITV en cualquier sitio y que si alguna parte del territorio no tiene, que la ponga la Administración regional. ¿Y si después viene un empresario y quiere abrir una en ese lugar qué hacemos con la de la administración?", se ha preguntado el diputado del PP.

Por parte del PSOE, Alfonso Martínez ha expuesto que desde hace seis meses el mercado está liberalizado, lo que permitiría instalarse en la Región a más de 80 ITV que lo han solicitado. "Necesitamos algo que dé seguridad jurídica a las empresas, varios empresarios han aprovechado el vacío legal para abrir de manera irregular nuevas ITV".

El socialista ha explicado que tres son las soluciones que plantea el Grupo Parlamentario Socialista a esta cuestión: mantener un control público sobre el modelo de ITV; que haya empleo de calidad y que el nuevo sistema no propicie la precariedad laboral, tal y como está pasando en otras comunidades como Madrid, donde se ha liberalizado el servicio; y la tercera condición es que se mantenga la estación de Alcantarilla como centro de referencia y sea gestionado por la Comunidad Autónoma.

Desde Podemos, Andrés Pedreño también se ha mostrado en contra de la propuesta de Ciudadanos porque "defiende una no regulación del servicio público".

Ha recordado que rechazando la enmienda totalidad de su grupo "se aleja de la tendencia de otras comunidades autónomas", como Comunidad Valenciana y Baleares que "están recuperando los servicios públicos para ganar unos ingresos que podrían ser utilizados en sectores como la educación, la sanidad o los servicios sociales".

El diputado de Ciudadanos, Miguel Ángel López Morell ha insistido que en seis meses "se ha demostrado las ventajas del modelo". A su juicio, de esta manera el sistema es "más juicio y beneficia a los emprendedores". Reniega del modelo de PP y PSOE porque "favorece el amiguismo".

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