Gobierno y Universidad colaboran desde 2003 en los trabajos de identificación de enterramientos de personas desaparecidas durante el conflicto bélico, según ha recordado el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Fruto de esa cooperación, en 2010 se presentó un primer mapa que recoge la localización de 343 fosas en 55 concejos y que se puede consultar en la web institucional. También se ha elaborado una base de datos de las víctimas, a disposición de la ciudadanía en el Archivo Histórico de Asturias.

Las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora aconsejan una revisión de los estudios. Así, en virtud del segundo convenio, el equipo encabezado por Carmen García, catedrática de Historia Contemporánea, completará la información existente, proseguirá con los trabajos de campo y recopilará más testimonios de supervivientes, especialmente en zonas industriales y urbanas, donde se produjo la mayor represión. Se trata de una labor compleja, dado que la avanzada edad y las limitaciones físicas de algunos testigos les impiden en muchas ocasiones acompañar a los investigadores.

En cuanto a las personas represaliadas, los últimos estudios elevan las víctimas mortales a más de 26.000, frente a las 24.500 que figuraban en la base de datos de 2011, por lo que el equipo de investigadores ya está incorporando nuevos nombres a los archivos y reuniendo referencias sobre los fallecidos.

El Ejecutivo autonómico también continuará este año con la elaboración del catálogo de vestigios de la guerra civil y la dictadura. Una comisión de expertos en la que participan la Universidad de Oviedo y la Federación Asturiana de Concejos trabaja en este ámbito desde octubre de 2016 y dispone ya de un primer borrador que recoge 89 símbolos entre nombres de calles, placas de viviendas, cruces y diversos elementos arquitectónicos.

Por otra parte, la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, convocará este mes una nueva línea de subvenciones, con un presupuesto de 25.000 euros, destinada a entidades sin ánimo de lucro, para apoyar actividades de recuperación y difusión de la memoria histórica.