La concejal de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad, Jemi Sánchez (PSOE), ha presentado este martes el balance de la gestión de este servicio municipal que atendió el pasado año a 438 familias, un 26 por ciento menos que en 2016, una "leve reducción" producida, según ha anunciado, por la entrada en vigor de la Ley Hipotecaría de 2017.

Del total de casos atendidos, el 25 por ciento corresponde a procedimientos de desahucios por ejecución hipotecaria, muy por debajo del 45 por ciento que se registró en 2016, si bien el Ayuntamiento de Granada ha conseguido una solución

a las 110 familias afectadas por esta situación, gracias a la colaboración y gestión "impecable" de los profesionales municipales con los juzgados y las entidades bancarias.

La concejal ha puesto el acento en el incremento "importante" de familias amenazadas con un proceso de desahucio por impago del alquiler, concretamente suponen, con un 55 por ciento, más de la mitad de las personas afectadas por este problema.

Un 5 por ciento de los casos tratados ha sido por procedimientos penales abiertos por delito de usurpación; un 19 por ciento corresponde a grandes dificultades en el pago de la renta del alquiler o hipoteca, y un uno por ciento pertenece a procedimientos de desahucios por finalización en precario.

Asimismo, el Ayuntamiento de Granada ha logrado, a través de la colaboración con organismos autónomos y provinciales como la Agencia de Rehabilitación de Viviendas de Granada y la empresa de vivienda de la Diputación Provincial facilitar a 20 familias el acceso a una vivienda pública en régimen de alquiler.

Las actuaciones realizadas en materia de adjudicación de viviendas se completan con el alojo de 15 familias en situación de vulnerabilidad en 15 de las 18 viviendas de titularidad municipal, situadas en Santa Adela, y que son gestionadas por el área de Derechos Sociales. Tal y como ha anunciado, el resto de viviendas municipales se "van a destinar a un nuevo proyecto municipal de viviendas transitorias".

La edil ha agradecido el trabajo coordinado que se está produciendo entre las plataformas, como Stop Desahucios y Red Vivienda, y las administraciones públicas, una línea de trabajo que considera "necesaria para ayudar a "las personas que sufren estos procesos tan duros".

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