Así lo ha indicado en una nota después de conocer el intento de agresión sexual a una menor de 16 años ocurrido en Jaén el pasado 2 de marzo por parte, presuntamente, de cinco jóvenes.

"La víctima habría denunciado que fue introducida en un portal y, ante sus llamadas de auxilio, los vecinos dieron la alerta y una patrulla se desplazó hasta el lugar de los hechos, donde asistieron a la menor. Hasta el momento, la Policía Nacional ha detenido a un joven de 21 años como uno de los presuntos autores", ha comentado.

Ante esta agresión machista, el director de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca, ha subrayado que es necesario que el Gobierno de España cumpla con su compromiso para la elaboración de la Ley Orgánica de erradicación de todas formas de violencia contra la infancia.

"Esta ley, junto con el Pacto contra la violencia machista y las leyes relacionadas, contribuirá a crear mecanismos de sensibilización, concienciación, protección y reparación de todas las niñas y adolescentes ante la violencia de género", ha manifestado.

Para Cuenca es necesario, por otro lado, que las administraciones autonómicas lideren desde sus competencias la eliminación de toda forma de violencia contra la infancia, con especial énfasis en la violencia machista sufrida por las niñas y adolescentes.

Ha añadido que el Parlamento de Andalucía aprobó una declaración institucional el pasado mes, apoyada por todos los grupos parlamentarios, donde se solicitaba al Ejecutivo central la aprobación de la citada ley y a la Junta la puesta en marcha de varias medidas para la lucha contra la violencia hacia la infancia.

Entre ellas, ha aludido a instar al Gobierno central a cumplir con los compromisos adquiridos ante el Comité sobre los Derechos del Niño para desarrollar una Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia y presentarla ante el Congreso de los Diputados antes de septiembre de 2018.

En segundo lugar, impulsar en el ámbito de las competencias autonómicas una formación específica y obligatoria para todos los profesionales que trabajen con menores, para que sean capaces de prevenir y detectar cualquier tipo de violencia.

Además, se pedía potenciar en el ámbito de las competencias autonómicas una formación obligatoria en la educación básica sobre educación afectivo-sexual que permita a los niños reconocer cuándo están siendo víctimas de abusos sexuales y desarrollar su sexualidad de forma segura y responsable.

También declarar en el marco de la futura Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía en situación de riesgo a los menores de 14 años que cometan infracciones contra otros niños para que reciban la formación y atención necesaria y así evitar que vuelvan a cometer o sufrir otra agresión.

Finalmente, se instaba a promover los cambios legislativos para que la prescripción por delitos de abusos sexuales contra la infancia empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años y no a partir de los 18 como hasta ahora.