Así lo ha explicado la vicepresidenta, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno, en la que ha resaltado que "algunas personas dieron otra connotación al encuentro, una connotación nada edificante, por lo menos para el pueblo valenciano, de saqueo a las arcas públicas" porque "se referían a otro tipo de familias".

Por ello, la Generalitat se personará en el procedimiento para poder recuperar "todo el dinero que se desvió y del que los valencianos han sido indebidamente privados".

La Fundación se creó en enero de 2005 y fueron fundadores la Generalitat, el Ayuntamiento de València, la Diputación Provincial de València y el Arzobispado de València, y se extinguió en el año 2014. Durante sus años de existencia la Generalitat asumió diversos gastos de la misma, además de realizar aportaciones para cancelar deudas pendientes de pagos durante el proceso de liquidación, ha indicado.

Un informe de auditoría de la Intervención de la Generalitat de enero de 2016 puso de manifiesto diversas irregularidades que podrían suponer vulneraciones de la legislación de contratos del sector público, de la Ley de subvenciones y de la Ley de fundaciones.

Oltra ha recalcado que la investigación "afecta a la práctica totalidad de las consellerias del anterior gobierno del PP" y a empresas públicas como Vaersa o Cacsa, y "su alcance económico puede ser de gran importancia". Según ha dicho, la visita del Papa "costó 22,2 millones de euros" y a principios de 2010 la fundación "acumulaba pérdidas de casi 7 millones".

Ha recordado que se pagaron 3,1 millones para el alquiler de urinarios, 1,5 millones para la construcción del altar-escenario o 1,7 millones en alojamiento para los asistentes pertenecientes a la Curia eclesiástica.

"No solo la Generalitat se vio obligada a hacer aportaciones para extinguir las deudas generadas, sino que distintas empresas públicas como Cacsa o Canal 9, entre otras, y diferentes consellerias pagaron los gastos de la visita, lo que elevaría sustancialmente la cifra total".

Por ello, con la personación se quiere "poner luz en la oscuridad de estos número y averiguar cuántos gastos se hicieron mediante contratos presuntamente ilegales que suponían una lesión patrimonial a la Generalitat y poder recuperar el dinero para las arcas públicas", ha concluido.