En declaraciones a los periodistas, Trinidad Argota ha reaccionado a la concentración celebrada por la plantilla del Ayuntamiento de Huévar ante la Diputación, que este jueves celebra su pleno ordinario de febrero, en demanda de que el conjunto de administraciones promuevan un "plan de rescate a largo plazo" que solvente la grave crisis que atraviesa este consistorio.

Y es que los impagos de nóminas del Ayuntamiento de Huévar se remontan a la etapa en la que estaba gobernando por el socialista Rafael Moreno, toda vez que por aquella época, por ejemplo en 2010, el Consistorio habría llegado a acumular hasta nueve nóminas pendientes de pago con su plantilla.

Ahora, con Áurea María Borrego Moreno (PSOE) como alcaldesa, el número de nóminas impagadas ha sido reducido, aunque el conflicto está lejos de la solución, pues como expone José Manuel Martínez, presidente del comité de empresa de este Consistorio, los 93 funcionarios y miembros del personal laboral del Ayuntamiento tienen pendiente el cobro de "cuatro nóminas y media".

Igualmente, el Ayuntamiento tampoco habría restituido a su plantilla la paga extraordinaria de Navidad suprimida en 2012 por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy.

"TODA LA CARNE EN EL ASADOR"

Dado el caso, Trinidad Argota ha defendido que la Diputación está "poniendo toda la carne en el asador" para apoyar a este ayuntamiento, con "las alternativas que legalmente tiene esta institución", principalmente sus diferentes líneas de anticipos reintegrables con cargo a la recaudación tributaria del propio municipio. A tal efecto, ha recordado que en los últimos cinco años, la Diputación ha "puesto más de 13 millones a disposición de este ayuntamiento".

"Lo que no podemos hacer lo tiene que poner el Estado", ha avisado, exponiendo que "el fondo de la cuestión de Huévar pasa por un plan específico y extraordinario que debe poner en marcha el Gobierno central" para este ayuntamiento que "está en la UCI" y para otros con "dificultades similares".

A tal efecto, ha recordado que en pasado ya han sido promovidos planes de este tipo con incidencia en las graves crisis sufridas por ayuntamientos como los de Marbella (Málaga) y Jerez de la Frontera (Cádiz).