El exjefe de la Guardia Civil de Tráfico de Cantabria, el teniente coronel Lorenzo Bárez, ha asegurado que la investigación llevada a cabo por agentes del Grupo de Informes y Apoyo de Tráfico (GIAT) de Madrid sobre supuestas irregularidades en la circulación de transportes especiales sin autorización en la comunidad autónoma, y por las que un guardia civil se sienta estos días en el banquillo, está basada en "mentiras absolutas y torcideras".

A propuesta de la defensa, Bárez ha declarado este miércoles en el juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria por el procedimiento de tribunal del jurado al tratarse de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

El guardia de Tráfico está acusado de facilitar el tránsito de transportes especiales sin autorización de la empresa de su mujer, por lo que el fiscal le pide dos años de prisión, 3.240 euros de multa y seis de inhabilitación para cargo público, misma pena que solicita la acusación particular ejercida por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que eleva la multa a 9.000 euros.

Ambas partes han elevado hoy a definitivas sus conclusiones con estas peticiones de condena, y la defensa ha reclamado la libre absolución, posturas que las tres partes defenderán este jueves, 1 de marzo, a partir de las 10.00 horas, en los informes que expondrán ante el jurado, cuya deliberación está prevista para el viernes, día 2.

El teniente coronel también estuvo investigado por estos hechos, que fueron denunciados a través de un "anónimo", ya que las piezas que llevaban algunos de los supuestos transportes irregulares las fabricaba la empresa de su mujer y de la que él era socio con un 10%, algo que ha reconocido a preguntas del fiscal.

Bárez ha considerado que esta investigación, en la que "no hay nada", comenzó para "obtener un beneficio espurio por parte de un mando interno que tenía algo contra mí". "Iban a por mí y se llevaron por delante a un guardia mío", ha dicho.

Ha asegurado que, en los transportes en los que se dice que hubo irregularidades, "todo estaba perfectamente" como, a juicio, demuestra que las patrullas de Tráfico no apuntasen nada en sus papeletas de servicio, ni en el caso del camión al que se dio el alto en mayo de 2014 en Heras y que procedía de Santander con una pieza del Centro Botín ni al que en junio del mismo año hubo que ayudar para su incorporación a la carretera en Heras con destino al mismo centro.

"Una cosa que no esté puesta en la papeleta no existe", ha apostillado en referencia a los principales episodios en los que se basan las acusaciones y sobre los que los agentes actuantes, que declararon ayer a propuesta del fiscal y de AUGC, no apuntaron ni refirieron "nada" en sus papeletas ni a él a pesar de que mantenía una "relación muy directa" con sus subordinados.

Sobre éstos, ha asegurado que recibieron "presiones" por parte de los investigadores a quienes ha acusado de "transcribir unas cosas sí y otras no en las declaraciones", de "quitar el móvil a los guardias" antes de tomarles declaración e, incluso, de "amenazarles con abrirles un expediente". "Ya no sabíamos ni lo que firmábamos", ha dicho que le relataron los agentes cuyas declaraciones en la investigación sustentan buena parte de la acusación contra el guardia.

"NO PODÍA BENEFICIAR A EMPRESA DE SU MUJER NI A OTRA"

También ha relatado que el guardia acusado le pidió su traslado de Inspección de Transportes cuando la mujer montó la empresa MHE, algo que vio "bien", y decidió colocarle de operador en el Centro Operativo de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria (COTA), desde el que, según las acusaciones, dio las órdenes para facilitar el tránsito de los transportes especiales sin autorización de la empresa de su mujer.

"Le puse ahí porque conocía todas las carreteras de Cantabria, no sólo de una zona. Él tampoco quería que le mandase al COTA, prefería la oficina, pero fue mi decisión por ser conocedor de las carreteras y por su experiencia", ha enfatizado el exjefe de Tráfico, que ha asegurado además que desde ese centro "no podía beneficiar ni a la empresa de su mujer ni a ninguna otra, algo que solo podría haber hecho desde su labor anterior de inspector de transportes o como guardia en carretera".

También ha dicho que, desde el COTA, el acusado "no tenía ni poder absoluto ni relativo porque su labor era transmitir las órdenes de los mandos a las patrullas" y cualquier decisión que se tuviese que tomar en relación a cualquier incidencia en las carreteras lo tenía que comunicar a su superior inmediato o a él. "A mí se me comunicaba todo", ha ensalzado Bárez.

Sobre el episodio del transporte especial de mayo de 2014 que fue interceptado en la salida de Heras y en el que se dice que él iba en el coche piloto, el teniente coronel lo ha negado rotundamente y ha asegurado que "la única vez que ha sido coche piloto ha sido para su Majestad el Rey". "Es una falsedad más", ha enfatizado, al tiempo que ha explicado que en aquel transporte estaba "todo perfectamente".

Como las acusaciones denuncian que, en aquel episodio, el acusado llamó desde el COTA por teléfono móvil y no por radio a la patrulla que interceptó al camión para insistir en que le dejasen circular que estaba todo en regla, el jurado ha preguntado al exjefe si es normal que se utilicen los móviles personales para las comunicaciones y ha dicho que "se utilizan siempre cuando las transmisiones fallan porque hay zonas de sombra".

Sin embargo, otro testigo de la defensa que también es operador de COTA ha dicho que "prácticamente nunca" se utilizan y ha asegurado, a preguntas del jurado, que Heras "no" es una de esas zonas de sombra en las que hay mala cobertura radiofónica. Además, en este sentido, otro agente que era responsable del centro operativo ha indicado que "no es habitual" el uso de los móviles pero "a veces sí se hace" aunque "no queda constancia de ninguna manera" de esa comunicación se ha producido.

"EN EL COCHE PILOTO VA MI JEFE"

En la sesión de este miércoles, en la que han declarado un total de 10 testigos propuestos por la defensa, también han depuesto el encargado de la empresa MHE, propiedad de la mujer del guardia acusado, que ha asegurado que los clientes le llamaban a él no a la dueña ni al procesado y que él era quien, a través de el operador Cepelludo, solicitaba las autorizaciones de circulación para los transportes especiales.

También ha señalado que, en el transporte de mayo de 2014 que llevaba una pieza del Centro Botín a Heras y que fue interceptado por una patrulla, en el coche piloto iba él y no el teniente coronel Lorenzo Bárez, algo que ha ratificado también su hijo y conductor del camión que ha explicado que dijo a los agentes que "en el coche piloto va mi jefe".

Ha afirmado asimismo que la autorización del transporte la portaba él en el coche piloto, una documentación que ni acudieron a requerir los agentes de la patrulla ni posteriormente los investigadores del GIAT, que en el marco de sus pesquisas ha señalado solo se interesaron por "las piezas" que se portaban.

Sobre esas autorizaciones, también ha hablado otro testigo, el gestor del operador de transportes Cepelludo que pedía las autorizaciones para los camiones de MHE, y ha asegurado que todos los transportes especiales investigados contaban con su autorización.