Maeztu actúa de oficio ante el desalojo de dos aulas de un colegio de Cantillana por el "mal estado" del techo

  • La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Educación para conocer la situación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'La Esperanza' del municipio sevillano de Cantillana, donde a finales del pasado enero tuvieron que ser desalojadas de modo preventivo dos aulas ante el "peligro de derrumbe del techo" y las medidas que "de forma urgente" se hayan adoptado o se adoptarán para solucionar estos problemas.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.
EUROPA PRESS
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.

En su queja, consultada por Europa Press, Maeztu asegura que se ha hecho eco de asunto a través de determinadas noticias aparecidas en la prensa, en las que, según parece, "las filtraciones de agua debido al mal estado en el que se encuentra la techumbre del edificio ha ocasionado importantes humedades en los techos de ambas aulas, lo que ha llevado a la dirección del centro docente a clausurarlas y a reubicar al alumnado en otros espacios del colegio".

Además, apunta que en el caso de este colegio "el problema del mal estado de los tejados viene de años atrás", si bien los padres y madres no lo denunciaron formalmente hasta hace unos seis meses, cuando "desesperados comprobaron que las obras necesarias para su reparación, habiendo sido adjudicadas y pareciendo que iban a ser ejecutadas en el verano de 2016, no se llevaban a cabo".

"Lo cierto es que estando ya en el mes de enero de 2018 las obras no se han realizado, de manera que el problema no solo afecta a las escayolas del techo sino a la vigas, lo que resulta mucho más preocupante", manifiesta la Defensoría, que añade que al margen del "desprendimiento" de los techos, algunos padres comentaron que también en el colegio "se debería acometer el adecentamiento de la fachada, puesto que hay varios trozos de la misma que se han desprendido".

De este modo, la institución apunta que ante la posibilidad de que "se estén conculcando" los derechos fundamentales establecidos en los artículos 15 y 27 de la Constitución -derecho a la integridad física y derecho a la educación, respectivamente-, así como el derecho a una educación de calidad y a la necesidad de contar con la infraestructura y medios materiales y humanos necesarios para su consecución en igualdad de condiciones, "considera justificado iniciar, de oficio, este expediente".

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