En este marco, la propuesta de la formación naranja respecto a la ocupación ilegal, rechazada en todos sus puntos por PSOE, Participa Sevilla e IU, establecía apoyar la modificación legislativa que tramita el Congreso para acelerar desde el punto de vista procesal la recuperación de la posesión indebidamente usurpada y crear un punto centralizado de atención vecinal contra las ocupaciones, donde se recojan los actos y denuncias que atenten contra la convivencia, la seguridad ciudadana y la habilidad en los edificios afectados por una ocupación mafiosa o generadora de problemas de convivencia vecinal. Este punto, incluía un servicio de asesoramiento jurídico a vecinos y propietarios.

Asimismo, se incluía apoyar la modificación de la ley que permita a los ayuntamientos o Comunidades autónomas ejercer, previa cesión, las acciones judiciales en caso de ocupaciones que ocasionen graves molestias a los vecinos en materia de convivencia. "Siempre en el caso de inacción por parte de los propietarios y/o usufructuarios", se añade, indicando que, una vez realizada la recuperación, se procederá a la reclamación de cuantos gastos y costes se hayan incurrido al efecto, pudiendo cederse la vivienda de mutuo acuerdo para su uso social en alquiler.

En su intervención, el concejal de Cs Francisco Moraga señala que se intenta preservar que el derecho a la propiedad siga estando vigente, luchar contra la ocupación de edificios y viviendas y actuar ante los "narcopisos". "Hay muchas mafias que se están aprovechando de la situación", advierte, mientras que ha enumerado varios casos de ciudadanos que han visto ocupadas sus viviendas.

El concejal delegado de Hábitat Urbano, el socialista Antonio Muñoz, señala que el Ayuntamiento tiene medidas y presupuesto, que "puede que no sea suficiente, pero que ha producido un cambio en las actuaciones y prioridades del gobierno". Considera que esta moción no llega en un "momento procesal oportuno", ya que, aunque no niega que la ocupación genere un problema, advierte de que no cabe un posicionamiento ante unas medidas que actualmente no tienen apoyo legal. "Tenemos serias dudas de que la Administración local pueda ejercer acciones judiciales en ese sentido", agrega.

De su lado, el edil del PP Jaime Ruiz señala, en línea con el Defensor del Ciudadano, que hay "insuficiencia" del marco normativo y una necesidad de establecer procedimientos "más ágiles". Señala que el problema que subyace, en ocasiones, es que la Administración "no tiene mecanismos" para el realojo de todas las personas con necesidades y recuerda que existe el derecho a la vivienda.

La edil de Participa Cristina Honorato ha señalado las situaciones de "emergencia habitacional que se encuentran tras las ocupaciones" y critica la "criminalización y persecución de la pobreza", además de "echarle una mano a la banca", ya que considera que la Administración pública no ha de hacerse cargo de los procesos judiciales de entidades privadas.

El portavoz de IU, Daniel González Rojas, considera "rastrero mezclar delitos, como la trata de personas o la venta de drogas, con los problemas de vivienda". Entiende que ya existen medidas para combatir esos delitos y para agilizar los desahucios, a la par que señala que uno de los problemas del país es el "bloqueo de PP y Cs" a nivel estatal para bloquear las medidas de impulso de acceso a la vivienda.

EQUIPARACIÓN SALARIAL

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por unanimidad la moción de Cs destinada a que se traslade al Gobierno y a la Junta de Andalucía la necesidad de igualar las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías autonómicas.

En el acuerdo, se recoge la necesidad de que el Gobierno de España acabe con la "discriminación histórica" que supone la diferencia en las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a las de las policías autonómicas y, en consecuencia, a que dé cumplimiento a los compromisos adquiridos y haga realidad la equiparación salarial de la Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas en 2020, "comprometiendo 1.500 millones, a razón de 500 millones adicionales cada año en los Presupuestos Generales del Estado".