"Las administraciones locales hemos cumplido, así que hagamos un frente común para que el Gobierno central nos escuche", ha señalado la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, quien ha confirmado que se sumará al llamamiento hecho por la FEMP para este martes en Madrid.

Un encuentro al que asistirán más de 300 alcaldes y concejales de toda España, además de presidentes de diputaciones, cabildos y consejos insulares, para abordar y debatir las limitaciones económicas que impone el Gobierno central a las administraciones locales y provinciales.

"Se ha intentado negociar y el Gobierno central no nos ha hecho ni caso, así que no nos queda más remedio. Tenemos que hacer un frente común para exigir la flexibilización de unas leyes de 2013", ha indicado Cordero.

Se trata de unas limitaciones que proceden de "una desafortunada ley del Gobierno de España", tal como la ha definido el presidente de la FEMP, Abel Caballero, "que impide a los gobiernos locales la reinversión de su superávit en actuaciones dirigidas a los ciudadanos", indica la Diputación de Cáceres en una nota de prensa.

Una reunión con la que la FEMP quiere agilizar la toma de decisiones porque si no se consigue un Decreto Ley "inmediato", las entidades locales no tendrán "tiempo de dedicar de forma efectiva" sus remanentes a políticas sociales o de empleo, proyectos "para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos", continúa Abel Caballero.

Ante este llamamiento, la presidenta de la Diputación de Cáceres se ha mostrado firme porque las administraciones locales han "cumplido". "Se ha bajado el endeudamiento y hay más de 5.000 millones de euros en los bancos de sus remanentes, que no pueden invertir en los ciudadanos. Es necesario, por tanto, que exijamos flexibilizar esa ley que viene de 2013, y que ya ha cumplido sus objetivos", ha añadido.

Cordero asegura que "un gran número" de ayuntamientos de la provincia de Cáceres se dirige a los servicios de la diputación para preguntar cómo pueden gastar el superávit en "políticas para sus vecinos". "Una situación que no entendemos los alcaldes y mucho menos los ciudadanos; a ver cómo se les explica que tenemos dinero pero que no podemos invertirlo en sus necesidades", concluye Cordero.

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