La Consejería asumió la gestión de estas fianzas, de la que se encarga la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), en aplicación de la Ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, norma que supuso el traspaso de las funciones en esta materia a este departamento del Gobierno andaluz.

En una nota, a delegada territorial de Fomento y Vivienda, María José Bejarano, ha destacado este sábado "el valor de la gestión de estas fianzas por la Administración autonómica, ya que aportan seguridad y refuerzan las garantías de arrendatarios e inquilinos". "Pero, además, las fianzas depositadas suponen una fuente de recursos públicos importante para avanzar en las políticas sociales de vivienda de la Junta de Andalucía destinadas a las familias con menos recursos", ha apostillado.

La delegada ha resaltado también "los resultados de la gestión que viene realizando la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía desde que asumió estas funciones, mejorando dicha gestión, como queda demostrado en el incremento de la cuantía de las fianzas depositadas a finales del pasado ejercicio en la provincia de Huelva".

Según explica la Junta, desde que la Consejería asumió tal tarea, se viene planteando como objetivo el incremento, a corto y medio plazo, del volumen de depósitos constituidos, para lo cual se trabaja para hacer cumplir a la ciudadanía la obligación legal establecida por la ley 8/1997.

Con ello se pretende ir reduciendo la economía sumergida relacionada con estas fianzas, al tiempo que se generan recursos presupuestarios cuyo destino es mejorar la gestión que lleva a cabo la Junta de Andalucía en sus políticas sociales de vivienda destinadas a apoyar a las familias con menos recursos.

La gestión integral de las fianzas abarca tareas de tramitación del preceptivo depósito en los contratos de arrendamientos y suministros, control y registro de los depósitos y las actuaciones ligadas a la inspección y tramitación de las correspondientes sanciones.

Todo ello respecto a los dos tipos de fianzas que existen, que son las de régimen general para los contratos de alquiler de vivienda o de uso distinto a vivienda, y las de régimen concertado para las empresas que suministran agua, gas y electricidad y para arrendadores cuyas fianzas superen los 30.000 euros.

En la provincia de Huelva, los resultados de la gestión de fianzas de régimen general desde 2013 arrojan un notable incremento cifrado en 400.000 euros, pasando de 1,1 millones depositados durante 2013, el año anterior al del traspaso de las competencias desde la Consejería de Hacienda a la de Fomento y Vivienda, a los 1,5 millones de euros registrados el pasado año.

En Andalucía, los datos correspondientes al régimen general indican que en 2013 se depositaron 29,6 millones de euros, frente a los 46,8 depositados en 2017, con un incremento de 17,2 millones de euros en la cuantía de dichas fianzas y un crecimiento del 58,4 por ciento.

En el régimen concertado, las cifras a nivel regional también han registrado un notable aumento, del 27,6 por ciento, pasando de los 10,4 millones depositados en 2013 a 13,4 millones el pasado ejercicio 2017. Cabe indicar que cada contrato de suministro -agua, electricidad y gas- implica el depósito de una fianza.

La gestión de esos depósitos en el régimen concertado se ha centrado durante estos cinco años, fundamentalmente, en la informatización de todos los contratos de cada concierto, tarea que no se había realizado con anterioridad a 2014. También se han puesto al día los saldos de las fianzas acumuladas depositadas por los titulares de los conciertos, mediante un trabajo que está ya concluido.

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