Así lo ha indicado Asaja en una nota en la que ha señalado que propone que los costes se sufraguen con el dinero que los consistorios recaudan a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de Rústica, prestando así un "servicio clave" en el medio rural.

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha explicado que en el mundo rural se detectan "muchas brechas en cuanto a infraestructuras y servicios básicos con respecto al mundo urbano y al resto de sectores, al igual que se evidencia entre uno y otro una patente discriminación económica".

Los ayuntamientos, sin embargo, a través del IBI recaudan de los bienes rústicos la mayor parte de los ingresos con los que financiarse, "sin verse por ello mejoras que repercutan en la calidad de vida de los agricultores y ganaderos como máximos contribuyentes que son".

Además, ha añadido que "los ayuntamientos incluso se valen de este impuesto para reactivar sus maltrechas economías subiendo de golpe las tasas, como así viene sucediendo en estos últimos años de forma continuada" sumando, además, a este tributo más tipos de propiedades como balsas, casetas para riego, establos o casetas de aperos, entre otros.

Por tanto, Asaja Córdoba considera que una "buena fórmula" para restituir al campo parte de los ingresos que los ayuntamientos recaudan a través de este impuesto sería la instauración de guardas rurales, una figura regulada por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, que al igual que sus homólogas, guardas de cotos o de pesca, depende directamente de la Guardia Civil tanto para su acreditación como en su actuación.

"Esta propuesta no influye en que los cinco equipos ROCA de la Guardia Civil, especializados en la provincia en robos en el campo, se refuercen con más recursos materiales y humanos", ha señalado Fernández de Mesa. Su creación en 2013 fue un acierto, de hecho, se ha reducido un 12,76 por ciento el número de infracciones penales conocidas por la Guardia Civil en 2017 respecto a 2016 y su labor se ha venido notando desde entonces en el esclarecimiento de delitos, en la detención de delincuentes y bandas criminales, así como en la recuperación de mercancía robada.

Por tanto, la instauración de las guarderías rurales a cargo de los ayuntamientos, tal y como propone Asaja, crearía un servicio permanente de vigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas, no solo durante periodos críticos como la recolección de frutos.

Daría también "un fuerte respaldo a los cuerpos y seguridad del Estado, evitando así que los agricultores y ganaderos ejerzan su actividad en las extremas condiciones de inseguridad que desde siempre vienen padeciendo", ha apostillado.

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