"El BIC no podemos tocarlo, solo actuamos en los alrededores, en el perímetro porque era pleno verano y el tránsito de gente era mucho", ha indicado uno de los técnicos que ha comparecido como testigo en la vista celebrada en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 2 de Almería en el marco del procedimiento incoado a instancias de las asociaciones conservacionistas 'Amigos del Parque Natural' y 'Amigos de La Alcazaba' para decidir si el Ayuntamiento debe adoptar "medidas urgentes" en relación a la conservación y rehabilitación del castillo.

El técnico ha señalado que, pese a que el BIC cuenta con protección C1 en la normativa urbanística municipal de Níjar, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) concluyó que las competencias en esta materia eran de Junta y ha trasladado que, tras este fallo, el expediente administrativo de declaración de ruina abierto por el consistorio en 2013 recogió este extremo y ordenó al propietario Daniel Navarro de forma "urgente" el vallado perimetral del inmueble, "aunque lo tuvimos que ejecutar de forma subsidiaria para que no hubiera daños personales en 2016".

El otro funcionario del Ayuntamiento se ha pronunciado en términos similares alegando que la competencia, por sentencia, es de la Junta y que, por eso motivo, "no nos pronunciamos sobre la ruina". Sí ha reconocido la puesta en marcha reciente de una comisión técnica para la conservación del patrimonio histórico de Níjar "que valdría para este supuesto y para otros".

También ha comparecido como parte afectada el propietario Daniel Navarro, quien ha afirmado que le "encantaría arreglar" el castillo "por supuesto" aunque matizando que "no está obligado". "No es porque yo no quiera pero se están extralimitando queriendo obligarme a hacer unas obras a las que no estoy obligado", ha dicho para, a continuación, criticar que la Junta, propietaria por ejercicio de retracto del BIC durante un tiempo "hasta que lo perdió en los tribunales", se lo "devolvió hecho una porquería".

Navarro ha asegurado que durante el tiempo en que estuvo en manos de la Junta, "ni esta ni el Ayuntamiento se preocuparon del estado" del inmueble y ha indicado que, en 2006, pidió una licencia de obra menor "porque se había caído la mitad del castillo y la Junta decía que tenía que intervenir yo". "La Junta me dijo que hiciera un proyecto de conservación y entonces el Ayuntamiento no me dio la licencia", ha añadido.

Por último, ha revelado que el Ayuntamiento le ha cobrado "los 1.500 euros" que constó el vallado perimetral que ejecutó de forma subsidiario, lo que ha recurrido, y ha criticado que el citado vallado "no vale para nada porque no cubre la parte de abajo, que es donde está el peligro". "No tienen ningún sentido lo que ha hecho", ha concluido.

En la declaración de ruina tramitada en 2013, el consistorio le dio 15 días a la propiedad para que acometiese medidas cautelares de seguridad que pasaban por el vallado del sendero peatonal que lo rodea y por acotar la zona de playa que se ubica a sus pies para evitar el "peligro existente de daño a personas".

En el decreto se recogía que los dos elementos de la edificación, compuesta por un edificio de planta rectangular y la torre, de planta circular, presentan "un importante deterioro" que, en algunas zonas, originan "un grave peligro de estabilidad estructural".

Hacía alusión en concreto a que los muros situados al sur han perdido "parte de la cimentación" mientras que otras han quedado "descalzadas por desprendimiento o deslizamiento del terreno de la ladera" sobre el que se asientan. Con respecto al muro de la torre, apuntaba que estaba en "malas condiciones" ya que la estructura vertical de mampostería de piedra "se ha derrumbado casi en la mitad de su perímetro sur".

ULTIMÁTUM DE LA JUNTA

La sustanciación de este procedimiento llega semanas después de que la Junta de Andalucía haya dado un plazo de cinco meses a los propietarios para que ejecuten las obras de conservación del inmueble tras el levantamiento de la suspensión cautelar que afectaba a esta medida dentro del recurso contencioso administrativo interpuesto por uno de los dueños contra las iniciativas de la Junta para hacer cumplir la Ley de Patrimonio de Andalucía respecto a los BIC.

La inversión necesaria para llevar a cabo estas actuaciones, centradas en la adopción de medidas de seguridad y en la consolidación de la estructura de la fortaleza, está cuantificada en 95.980 euros. Según la resolución, los trabajos de emergencia deben comenzar con el vallado perimetral del inmueble para garantizar la seguridad ante los desprendimientos al que seguirá la retirada de elementos añadidos a los muros y cubiertas del castillo y en su interior, como placas fotovoltaicas, pérgolas de madera o estructuras metálicas.

La actuación también contempla el refuerzo estructural de la cimentación, empleando hormigón armado resistente a la exposición a un ambiente marino salinizado, y el apuntalamiento de la bóveda que conforma el primer nivel de la torre. Por último, las obras requeridas por la administración autonómica incluyen la consolidación de los sillares y mampuestos de piedra poco estables mediante la aplicación de mortero de cal de características análogas al existente.

En un informe remitido a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, con fecha de 22 de enero de 2018 y en respuesta a un requerimiento de este órgano para indagar sobre la situación del monumento, el Gobierno andaluz precisa que la falta de ejecución en el plazo dado de estas obras dará lugar a "la ejecución forzosa, bien mediante la imposición de multas coercitivas, bien mediante la ejecución subsidiaria de las mismas" por parte de la propia administración pero con "cargo" a la propiedad obligada a su realización.

PELIGRO DE "DERRUMBE INMINENTE"

La asociación 'Amigos del Parque Natural' alertó en julio de 2016 de la "posibilidad" de que se produjera un "derrumbe inminente" en el muro de defensa del castillo, lo que, al margen de la pérdida para el patrimonio histórico, suponía "peligro real" para las cientos de personas que en estos meses estivales visitan este conocido arenal del espacio protegido almeriense.

El colectivo conservacionista se dirigía entonces a la Consejería de Cultura de la Junta para exigirle la realización de las "actuaciones subsidiarias necesarias" para garantizar las seguridad de las personas y también los valores históricos de este BIC dado que las multas coercitivas impuestas a sus propietarios "no están dando un resultado eficaz".

El Castillo de San Pedro es un elemento emblemático en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985 con publicación en el BOE de 29 de Junio. Asimismo, está protegido por las Normas Subsidiarias (NNSS) de Níjar aprobadas en 1996 ya que en su catálogo de cortijos tradicionales protegidos, en relación de bienes pertenecientes al patrimonio cultural con carácter general, está incluido, con un grado de protección 3º o protección ambiental específica, en la sección de cortijos y edificios históricos singulares.