Rectorado de la Universidad de Sevilla
Rectorado de la Universidad de Sevilla EUROPA PRESS

Según ha explicado a Europa Press el secretario de la Junta de PDI, Ángel Francisco Villarejo-Ramos, desde la bancada sindical se planteará además, en ruegos y preguntas, que se dé "una explicación y una respuesta" a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que califica de "desproporcionada" la designación de servicios mínimos en la huelga de PDI de septiembre de 2017.

"Es preocupante que la US actúe de esta forma limitando un derecho fundamental de los trabajadores y que el rector no se haya manifestado al respecto", ha dicho.

Entre las medidas de mejora laboral ya acordadas por el colectivo y que se analizarán en la mesa, así, se encuentra la ampliación de las funciones atribuidas a la comisión de trabajo en el ámbito de las condiciones docentes del PDI, al objeto de darle un carácter "permanente" a un organismo que en principio únicamente fue creado para abordar las cuestiones relativas a la normativa de dedicación académica.

También se abordará el estudio y aprobación, si procede, de la lista de cargos unipersonales de gestión asimilados a cargos estatutarios a presentar al Consejo de Gobierno, según el modelo de otras universidades como la de Granada o la Pablo de Olavide, que "tienen recogido por Consejo de Gobierno la asimilación de cargos no recogidos en los estatutos pero de gestión, uno de los criterios evaluables a la hora de acreditarte".

Asimismo, se hablará sobre la creación de una comisión de trabajo paritaria para regular los procedimientos que impliquen la pérdida de la condición de funcionario, con la meta de establecer un protocolo de actuación para evitar casos como el de la docente Encarnación Santamaría, que los sindicatos denuncian como "absolutamente irregular" a pesar de que desde la US se defendió que se daba cumplimiento a una petición suya.

Otras iniciativas defendidas por la Junta de Personal pasan por la necesidad de promover desde el Rectorado un protocolo de respuesta "inmediata" ante casos de acoso y conflictividad laboral; su participación en las dotaciones de plazas de profesorado funcionario y el diseño de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), de la misma forma que se hace con el Comité de Empresa; o el establecimiento de una regularización de las condiciones de trabajo y contractuales de las 'spin-off' y empresas vinculadas a través de contrato de base tecnológica, ya que están promovidas por profesores pero sin ningún régimen de control sobre los proyectos y la contratación.

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