Y es que no son pocos los frentes abiertos respecto a este sector de parcelas. Además de la investigación del presunto desfalco, que mantiene en prisión al extesorero de la junta de compensación Julio Mateos, detenido en 2016 tras haber huido al confesar que se había apropiado de dinero, sobre el Sector F pesa el litigio promovido por la constructora Istem por las obras que le fueron encargadas en 2011 para urbanizar todo este entorno, unas actuaciones paralizadas en 2012.

Recientemente, por cierto, la Audiencia de Sevilla estimaba parcialmente el recurso promovido por la junta de compensación del Sector F y, en una sentencia recogida por Europa Press, reducía de 1,75 millones de euros a 543.580 euros el dinero que la entidad habría de abonar a la citada constructora.

Entretanto, los parcelistas siguen fuertemente divididos porque después de las derramas afrontadas por buena parte de ellos y el transcurso de los años, la gran mayoría de las calles de la zona siguen sin ser urbanizadas o sin suministros básicos, muchos de los propietarios no estarían pagando sus obligaciones y la actual directiva de la junta de compensación está investigada por el presunto desfalco.

REUNIÓN CON EL PP

En ese contexto, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, el parlamentario popular Jaime Raynaud y el portavoz del PP en Almensilla, Juan Teba, han mantenido una reunión con una "representación mayoritaria" de los propietarios del Sector F. En dicho encuentro, los parcelistas habrían insistido en "la situación insostenible" que afrontan por "problemas urbanísticos, registrales, económicos y judiciales", con lo que el PP ha señalado que este colectivo está "desamparado" por parte del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía.

En ese sentido, el PP expone que los representantes de estos parcelistas habría puesto de relieve "la responsabilidad directa de la gestión de la urbanización al Ayuntamiento de Almensilla y a la Junta de Andalucía", incluyendo en sus reclamaciones también la "responsabilidad colateral" de la Diputación y en concreto a su unidad de gestión de recaudación Opaef, encargada de tramitar los apremios promovidos contra los propietarios que no cumplen sus obligaciones económicas ante la junta de compensación.

Por eso, el PP se ha comprometido a promover ante el Ayuntamiento y el Parlamento de Andalucía "nuevas iniciativas" políticas, ofreciéndose para "intermediar" ante la consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.