Técnicos ven deficiencias en materia de riesgos laborales en la planta de Navia donde falleció un trabajador

  • El jefe de planta acusado de la muerte de un trabajador por la explosión de una caldera en 2013 en Anleo (Navia) ha negado tener responsabilidad en el fallecimiento en el jucio que se ha iniciado este lunes en el Juzgado Número 2 de lo Penal de Avilés. En la misma vista, que se reanudará este miércoles, diversos técnicos han denunciado deficiencias en materia de riesgos laborales.

J. M. G. I. ha declarado ante las preguntas del fiscal y de su abogado que él se encontraba en su domicilio cuando la caldera empezó a dar fallos y acabó por explotar.

"Cuando yo salí estaba en perfectas condiciones. Me llamaron porque estaba el nivel alto y después nadie me dijo nada", ha explicado. Horas después la caldera explotó causando quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% del cuerpo a L. H. V., que falleció diez días después.

El acusado ha explicado que la caldera "no había dado problemas y no se hizo la inspección A porque no teníamos notificación del cambio de normativa". A este respecto diversos técnicos y expertos en calderas han declarado que debería haberla pasado y que podría haber detectado algún fallo en los controles de seguridad, ya que no se activaron las alarmas acústicas y visuales que deberían haber avisado a los operarios de que algo iba mal en la caldera.

Además del fallecido en las instalaciones de la empresa se encontraba otro compañero que ha declarado en el juicio que cuando por la noche la caldera no arrancó porque tenía nivel de agua alto "llamé a J. M. G. I. a casa y me dijo que quitáramos agua, y arrancó, iba bien". Su compañero realizó varios controles durante las horas siguientes sin encontrar más problemas, pero en una de esas visitas explotó la caldera.

"Me parecía raro, porque tardaba en volver y empecé a mosquearme y de repente sentí una explosión y fui corriendo. Lo llamé y no contestaba, pero cuando iba a marchar escuché un gemido, entré a oscuras y lo saqué y llevé al vestuario. Llamé a J. M. G. I. y le dije lo que pasara, que viniera pronto y llamara a una ambulancia", ha explicado el compañero, que ha apuntado que "antes de la explosión no hubo ninguna alarma y debería haberse apagado la caldera. Es lo que sé llevando 37 años trabajando con ellas".

El testigo ha reconocido que junto al fallecido, el día del accidente, realizó dos purgas de agua, una de motu propio y otra, posterior, por indicaciones del jefe de planta. Un técnico del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales ha indicado que no deberían hacerse estas purgas manuales, que las hace la caldera de forma automática. .

Tanto él como los diversos técnicos que han pasado este lunes por el juicio han señalado que la causa de la explosión fue que el hogar de la caldera quedó sin agua y que los sistemas de alarma fallaron, aunque no pueden saber porqué. También declararon, al igual que el acusado, que el fallecido "sabía manejar la caldera" y tenía que saber si algo iba mal, llevaban trabajando en esa instalación desde que abriera.

Los abogados de las acusaciones han cuestionado las medidas tomadas por J. M. G. I. en materia de prevención de riesgos laborales, como la falta de un libro de registro de los controles que se hacían a la caldera o que, según el testigo, no tenían conocimiento de protocolos ni formación específica ante un accidente.

"Tenían instrucciones para todas las instalaciones que se daban todos los días: si algo iba mal parar el equipo y llamarme", ha indicado el acusado.

Tras el accidente en que falleció el trabajador la caldera en cuestión se reparó y el jefe de planta continuó trabajando en la empresa, hasta su jubilación. La acusación de la viuda del fallecido reclama para J. M. G. I. cinco años de cárcel mientras que la ejercida por sus padres y hermanos coincide con fiscalía en una petición de condena tres años y nueve meses para J. M. G. I..

Las indemnizaciones del ministerio fiscal son de 180.000 euros para la viuda y 50.000 euros para cada uno de sus progenitores, así como el pago de los gastos médicos. Los padres reclaman una indemnización de 80.000 euros para cada uno de ellos así como otra de 20.000 euros para cada uno de sus dos hermanos.

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