El Ejecutivo ha salido así al paso de la propuesta realizada hoy por Sáenz de Buruaga, que no considera "necesaria", porque en la actual legislatura el Gobierno "ha mejorado de manera notable" la atención a personas en situación de dependencia, al cumplir el compromiso de subir los precios, "actualizando el IPC desde 2014".

Un compromiso, añade, que ha trasladado esta misma semana al sector de la dependencia, junto al de actualizar esos precios a partir de ahora de manera anual para dar "certeza y seguridad" al sector empresarial y fundacional que trabaja en este ámbito, señala en un comunicado.

Para el Gobierno regional, la presidenta del PP "ha llegado tarde" con sus propuestas porque, además de informar de esa subida de precios, el ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales), ha informado a las empresas del sector, tanto de los territorios que precisan inversiones en nuevos centros de dependencia, como de la coordinación socio sanitaria en la que "ya se está trabajando, formalizando los protocolos que la desarrollen".

Además, el Ejecutivo acusa a Buruaga de "mentir" al afirmar que el Gobierno regional apuesta por la imposición a la hora de gestionar el sistema de dependencia en Cantabria, y asegura que ha mantenido un "constante diálogo" con las entidades y empresas del sector desde hace dos años. "Nunca ha habido imposición alguna y convendría que concretara cuál es la imposición a la que se refiere", señala.

Tampoco entiende que el PP ponga en entredicho la gestión de la dependencia en esta legislatura después de sus cuatro años de Gobierno en los que "no sólo no se subieron los precios, sino que se recortaron entre un 5% y un 15%, dejando a la dependencia en números rojos".

"Durante la etapa de Buruaga como responsable de los servicios sociales de la Comunidad, sí que existió una absoluta arbitrariedad al tomar unas decisiones que fueron en contra de las personas dependientes, los trabajadores y el sector en general", recalca.

El Ejecutivo añade que, después del "brutal desmantelamiento" del Sistema de Atención a la Dependencia llevado a cabo por "la persona que más daño le ha hecho a Cantabria en esta materia", el Gobierno regional "ahora está cargando a sus espaldas con el 82% del coste de todo el sistema, detrayendo dinero de otras políticas que son también muy necesarias para el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma".

A su juicio, el diálogo y la subida de precios en el IPC en estos dos últimos años "no se pueden comparar" con los recortes que llevó a cabo el PP en la anterior legislatura, "incrementando los copagos a las personas dependientes, recortando los precios que cobraban las empresas de dependencia por cada plaza pública y reduciendo los ratios de atención directa".

"Es muy fácil hacer ahora propuestas que no van a cumplir ni ella ni Rajoy. La pregunta es: ¿por qué no lo hizo ella cuando era consejera con competencias en el ramo? Pues por una razón, porque las personas no tienen interés para ella. La señora Buruaga sufre de amnesia o ha jurado olvidar el pasado", recalca el Ejecutivo.

LA PÉSIMA GESTIÓN DE BURUAGA

Al respecto, el Gobierno recuerda a Buruaga que "rebajó" en un solo año las valoraciones de dependencia (que dan acceso a recibir un recurso o prestación) de 8.023 en el año 2011, a 3.692 en el año 2012 y "dejó en una situación agónica el sector de la dependencia".

"Buruaga nos dejó centros nuevos con plazas vacías, y muchas de las residencias tenían un alto porcentaje de plazas libres, sin embargo, desde 2015, el actual gobierno ha concertado 404 nuevas plazas para personas dependientes", critica.

También destaca su "mala gestión" de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, que pasaron de 1.342 en 2011 a 781 en 2015 en el caso de la ayuda a domicilio y de 1.342 en 2011 a 882 en 2015.

"Mentir para tapar la vergüenza de que el Gobierno de Mariano Rajoy no financia más que el 18% de la Ley de Dependencia a pesar de que el compromiso era de pagar el 50%, no va a manchar los buenos datos que constatan que hoy en Cantabria existen 20.004 personas con derecho a prestaciones de dependencia, con una suma de prestaciones en ese momento de 16.818, lo que supone un incremento neto de un 10,1% de beneficiarios y un 12% en el total de prestaciones", concluye.