Así lo han informado fuentes judiciales que han explicado también que en la reunión en la que se aprobó la compra nunca se habló de precios y que tanto la posición de Díez como la del representante de UGT, Antonio Copete, fue la de comprar al menor precio posible.

La investigación, que está siendo llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, versa sobre las presuntas irregularidades en la compra del solar del Rocamar, que se encontraba en ruinas, y por el que se pagó un presunto sobrecoste de 600.000 euros públicos.

Según estas mismas fuentes, todo el proceso fue muy opaco y cuando se votó no había documentos. Por esto, consideran que a los sindicalistas se les ocultaron detalles de la operación.

En la declaración que tuvo lugar este lunes, Copete, que declaró como testigo, aseguró que detectaron que las cosas "no iban bien" cuando se hizo la compra y tuvieron que pedir las tres tasaciones por escrito, las cuales les fueron facilitadas posteriormente a la compra.