Así lo ha señalado la plataforma que llevó el caso a los tribunales y que se opone a la puesta en funcionamiento de la mina, una organización ciudadana que considera que el Ayuntamiento de Retortillo es "responsable de permitir la tala de encinas en su término municipal sin que la empresa minera cuente con licencia ambiental y urbanística para la mina y planta de tratamiento de uranio".

"Ahora se tendrá que dilucidar si la tala de encinas realizadas fue legal o no, continuando con la tramitación del procedimiento iniciado por Stop Uranio, pero las que no podremos recuperar son las encinas arrancadas por la permisividad de las administraciones con una empresa que está causando un daño material y humano de muy difícil reparación en la comarca del Campo Charro", ha apuntado en un comunicado remitido a Europa Press.

Stop Uranio ha puesto de relieve que, hace un año, Berkeley realizó "una tala indiscriminada de encinas" en el término municipal de Retortillo que afectó a 40 hectáreas y casi 2.000 árboles, que "fueron arrancados con el único propósito de hacer caja con la leña cortada, aparte de dar la sensación de que la apertura de la mina era inminente".

Y, según ha apuntado, en el año transcurrido la empresa minera no ha proseguido las labores de acondicionamiento del terreno para abrir la mina y planta que pretende, "evidentemente porque no tiene la Licencia Urbanística que le permitiría actuar en la zona".

Por ello, en la información facilitada tras conocer la decisión judicial, Stop Uranio ha criticado "el sinsentido que supone que el destrozo ocasionado sólo haya servido para disminuir el déficit del balance financiero de la empresa Berkeley".

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