En una pregunta en comisión parlamentaria, el consejero ha explicado que esa sanción de 20.000 euros deriva de los hechos contenidos en un acta de infracción incoada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba, "que a partir de una denuncia de varios trabajadores de la mencionada entidad, detectó una serie de incumplimientos tipificados como infracciones muy graves en materia de empleo en el artículo 16.1 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Lisos).

Asimismo, ha explicado que como sanción accesoria, se le impuso a la entidad la pérdida automática de las ayudas aplicadas incorrectamente y se ordenó al órgano concedente de la subvención, la dirección provincial del SAE en Córdoba, que iniciase el oportuno procedimiento de reintegro, que actualmente está en fase de estudio de las alegaciones presentadas por la entidad.

Además, según ha añadido, "y de conformidad a lo establecido en el artículo 46 de la Lisos, se excluyó a la entidad del acceso a las ayudas, subvenciones y beneficios, obtenidos de la aplicación de los programas de empleo o formación profesional para el empleo, por un periodo de cinco años".

De esta forma, según ha explicado que, según lo dispuesto legalmente, las sanciones accesorias previstas en la Lisos para infracciones muy graves en materia de empleo, "tan sólo pueden afectar a la privación de obtener ayudas, subvenciones o beneficios, derivados de los programas de empleo o formación profesional para el empleo, sin que el texto legal permita ampliar dicho ámbito con una prohibición general a obtener cualquier tipo de ayuda o subvención concedida desde cualquier administración".

Respecto a la viabilidad legal de imponer una prohibición de carácter general, el consejero ha señalado que la Ley General de Subvenciones "prevé una sanción que impide a las entidades infractoras obtener cualquier tipo subvenciones o ayudas de la administración u otros entes públicos, siempre y cuando el perjuicio económico supere los 30.000 euros y concurran otras circunstancias previstas en dicha ley".

En ese sentido, ha recordado que la entidad Guadalquivir Futuro ha sido sancionada de acuerdo con la Lisos, no con la Ley General de Subvenciones.

No obstante, ha aclarado que "aunque la sanción a la entidad Guadalquivir Futuro se hubiese impuesto a partir de una infracción tipificada en la Ley General de Subvenciones, no sería posible aplicar el artículo 63 a la entidad infractora y sancionarla con una prohibición general para la obtención de ayudas o subvenciones de cualquier tipo de administración puesto que la infracción tipificada no supera el importe de los 30.000 euros defraudados exigidos en la Ley".

Carnero ha precisado que el importe no aplicado correctamente por la entidad Guadalquivir Futuro, supone una cantidad de 8.328 euros. Además de los 20.000 euros impuestos de sanción pecuniaria, desde la Dirección Provincial de Córdoba se ha tramitado el procedimiento de reintegro por el total de la subvención concedida, que ascendía a 103.793,54 euros.

En cuanto a la sanción accesoria,

el consejero ha asegurado que los órganos gestores de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, con competencia en planes de empleo y formación profesional "tienen constancia de la sanción impuesta a Guadalquivir Futuro y de la imposibilidad de esta entidad para la obtención de subvenciones o ayudas vinculadas a dichas materias por un período de cinco años.

El diputado de IU José Antonio Castro ha valorado la aplicación de dichas sanciones y ha reconocido que les consta que "se están tramitando los expedientes sancionadores y se están estudiando alegaciones por parte de la entidad".

Castro ha preguntado "si existe un informe jurídico que avale que la sanción a esta entidad sólo se circunscribe a las subvenciones en materia de empleo", toda vez que considera que, en líneas generales "son bastante graves las faltas en que incurrieron".

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