El hombre, que cuando ocurrieron los hechos tenía 48 años, defiende su inocencia y pide su libre absolución, al tiempo que la Fiscalía pide para él una pena total de prisión de 37 años y nueve meses por abusar de la menor en varias ocasiones, a la que incluso propuso que se fuera a vivir con él en Barcelona.
El Ministerio Público, en este caso, sostiene que el acusado, en junio de 2014, contactó vía Internet, a través del chat 'Chatgratis', con la niña de 12 años, que presenta una inteligencia rozando el límite.
Tras sucesivos contactos invitándola a que fuera a Barcelona, el procesado viajó Gijón el 26 de julio de 2014, fecha en la que había concertado con la menor una cita en un prado, en las inmediaciones de la estación de tren de la Calzada. Allí abusó sexualmente de ella, sin emplear fuerza ni violencia.
En agosto de 2014, el procesado volvió a abusar de la menor, de nuevo en Gijón y, unos meses más tarde, el 2 de diciembre, regresó de nuevo y llevó a la niña a una pensión, donde igualmente, y como en las ocasiones anteriores sin emplear fuerza ni violencia, mantuvieron relaciones sexuales.
El procesado sugirió entonces a la menor que abandonara la casa de su padre y se fuera con él a Barcelona. Ella acudió al domicilio de una tía suya para contarle lo sucedido, la cual puso la situación en conocimiento de su padre. Este denunció los hechos al día siguiente. La menor no ha presentado secuelas de momento, aunque no se puede asegurar que puedan aparecer en el futuro, afectando a su vida sexual, social y afectivo emocional.
El hombre, a raíz de esa denuncia, llamó el 23 de diciembre de ese año por teléfono al padre de la menor para amenazarle. "Ya puedes salir a la calle con guardaespaldas", le advirtió según el relato fiscal.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de al menos tres delitos de abuso sexual, un delito contra la administración de Justicia y un delito de amenazas. En este sentido, pide para el acusado, por los delitos contra la libertad sexual, tres penas de 12 años de prisión; por el delito contra la administración de Justicia la pena de un año de cárcel y multa de 12 meses con cuota día de ocho euros; y por el delito de amenazas nueve meses de prisión.
También se le pide inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y costas, así como el abono de una indemnización de 6.000 euros a la víctima por daños morales.
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