Magistrados de Sevilla firmantes de la queja ante el CGPJ
Magistrados de Sevilla firmantes de la queja ante el CGPJ EUROPA PRESS

Un total de 20 de los 21 magistrados de las cuatro secciones penales -Primera, Tercera, Cuarta y Séptima- de la Audiencia Provincial de Sevilla han firmado una denuncia interpuesta ante la comisión nacional de Seguridad y Salud del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por "la sobrecarga de trabajo que sufrimos" y advierten de los perjuicios a los ciudadanos.

Así lo han puesto de manifiesto antes los medios este jueves un grupo de estos 20 magistrados, firmantes de la denuncia, presentada el 6 de febrero ante el CGPJ. De partida, han explicado la situación actual de las secciones penales de la Audiencia de Sevilla, que cuenta con 21 magistrados (20 en plantilla más uno por adscripción en sustitución de una magistrada que se encontraba en servicios especiales y que reingresó en noviembre de 2017), más dos magistrados más nombrados en comisión de servicio por el apoyo al juicio de los ERE, que celebra la Sección PrimerA.

De éstos, sólo 17 magistrados y medio (tres están asignados al juicio de los ERE, una de baja por enfermedad de larga duración, otro exento de reparto durante un mes para el dictado de la sentencia del juicio contra el expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera y otro exento al 50 por ciento por adaptación al puesto de trabajo) están asumiendo y resolviendo el trabajo previsto para una planta de 20, número que, a su juicio, resulta "insuficiente" para asumir la carga de trabajo que "soportamos desde hace tiempo sin quebranto de nuestra salud".

El magistrado Francisco Gutiérrez López ha alertado durante su intervención de la "sobrecarga" de trabajo "hace imposible" llevar el trabajo de manera "razonable" y ha advertido que está afectando a "su salud laboral". Así, ha comentado que en 2017 cada magistrado recibió 417 asuntos, un número superior al fijado por el CGPJ, que oscila entre los 264 y 316.

Esta situación, según los magistrados denunciantes, se ha agravado en los últimos años en la Audiencia Provincial, donde se están instruyendo numerosos procedimientos de notable repercusión pública, macrocausas como los ERE, el caso Betis, Mercasevilla o Invercaria. La Audiencia ha comenzado a recibir para enjuiciamiento juicios orales de especial complejidad y larga duración, que en número totales alcanzarán los 90, según informa el Decanato de los juzgados, lo que "alterará" el funcionamiento normales de estas secciones, pues es "imposible" simultanear la celebración de estos juicios de macrocausas, que precisan "dedicación exclusiva" durante los meses del tribunal, con la llevanza del resto de asuntos ordinario.

MEDIDAS SOLICITADAS AL TSJA

Ante tal situación, han recordado que en junio de 2017 solicitaron al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, que en supuestos de bajas por enfermedad de un magistrado se nombrar desde el primer día un magistrado suplente. En segundo lugar, se comisionara a un Juez de Adscripción Territorial (JAT) para que momentáneamente sustituyera al magistrado ponente del juicio de los ERE, a fin de que pudiera estudiar y preparar el juicio y, posteriormente, sustituyera a los ponentes de todos los macro juicios para que las secciones siguieran funcionando con normalidad y sin exenciones de reparto que acrecentarían la carga de trabajo del resto de magistrados. Se nombró el 18 de julio y cesó el 10 de septiembre de 2017, siendo nombrada suplente, que cesó el 7 de noviembre tras reintegrar el 31 de octubre de 2017 una magistrada en servicios especiales.

Igualmente, pidieron a Del Río que se asignaran tres magistrados para reforzar la Sección Primera a fin de que pudieran sustituir a los tres magistrados que debían celebrar el juicio de los ERE para que la sección pudiera seguir funcionando con normalidad. "Fueron nombrados sólo dos a primeros de enero de este año, alegándose que se había reincorporado una magistrada a la Sección Primera", han indicado.

Así como el nombramiento de un JAT o que se comisionara a un magistrado que asumiera el 50 por ciento del reparto del que había sido eximido el magistrado de la Tercera, pendiente desde noviembre de 2016. Se nombró el 12 de septiembre y cesó el 31 de diciembre de 2017, sin que se haya nombrado hasta el momento.

Medidas que, según los magistrados firmantes de la denuncia ante el CGPJ, debían mantenerse mientras durase la situación excepcional que sufren las secciones penales y "no se arbitren soluciones definitivas de incrementar la planta judicial".

Por todo ello, solicitan que, a fin de garantizar su "salud laboral", se tomen medidas tendentes a paliar la sobrecarga de trabajo en dichas secciones y, especialmente, el magistrado de la Sección Tercera que tiene reconocida la exención del 50 por ciento del reparto por adaptación del puesto de trabajo.

Según los magistrados, en la actualidad, "el trabajo de los 20 jueces de las secciones penales de la Audiencia, que en realidad es para 27, lo están llevando 17 y otro magistrado al 50 por ciento". Por ello, piden aumentar a 27 magistrados el número que ejercen sus funciones en las cuatro secciones penales, "sólo para llevar a cabo los juicios ordinarios". Frente a las macrocausas proponen desdoblar las secciones.

LAS MACROCAUSAS, "MEJOR O PEOR", SE CELEBRARÁN

En este sentido, el magistrado Juan Romeo ha asegurado que "la Audiencia no tiene estructura de trabajo para soportar" la situación actual. No obstante, en esta línea, el magistrado José Manuel de Paúl, presidente de la Sección Cuarta, ha expresado que "no es un problema de colapso y sobrecarga". Así, ha explicado que el problema de los jueces, como el de los médicos, es que trabajan con "una presión extraordinaria objetiva (números), institucional (jerarquía del poder judicial) y de la sociedad", para que resuelvan los juicios "como dé lugar a sacar papeles".

Al hilo de esto, ha añadido que "si no ponemos buenas sentencias con calma, el que paga es el justiciable", pues cualquiera puede tener un asunto pendiente y la presión y la carga de trabajo perjudica a la calidad "si hay que resolver de cualquier manera".

Igualmente, los magistrados han reiterado que la sobrecarga actual es sin tener en cuenta las macrocausas y han subrayado que para ellos todos los asuntos son "delicados" aunque "no tengan trascendencia mediática".

En este sentido, De Paúl ha afirmado que "lo que de verdad importa a gente normal son las causas ordinarias. Hay interés en las macrocausas se celebren, interesan a los poderes públicos. Mejor o peor, se celebrarán, pero el problema es la gente de a pie".

Por todo ello, los magistrados firmantes de las secciones penales de la Audiencia -todos excepto el presidente de la Sección Primera, Pedro Izquierdo- solicitan que el Servicio de Prevención del CGPJ abra expediente para analizar lo denunciado y emita el correspondiente informe en el que se analicen los riesgos para la salud física y psicosocial de los integrantes de las secciones penales; y propongan, llegado el caso, tanto a la Comisión Permanente del CGPJ como a la Sala del Gobierno del TSJA las medidas gubernativas que hagan compatible el desarrollo de la profesión con la salud.

Además, piden dar traslado de la presente denuncia al presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud y vocal del CGPJ, Juan Martínez Moya, y a los representantes judiciales de la carrera judicial en la comisión, interesando que impulsen las medidas necesarias para poner fin a esta situación. Dar traslado, también, a Lorenzo del Río.

Por último, advierten de que, de no obtener respuesta de inicio de actuación satisfactoria alguna en el plazo de cinco días, darán traslado de esta denuncia a las asociaciones judiciales para que impulsen las medidas que consideren oportunas.

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