El ex presidente del Govern, Jaume Matas
El ex presidente del Govern, Jaume Matas EUROPA PRESS

De este modo, el partido solicita una pena mayor que la que reclama el Govern -acusación particular-, que en su escrito de acusación, conocido el pasado viernes, pedía dos años y diez meses de prisión para Matas.

MÉS aprecia en su escrito la agravante de reincidencia en el caso de Jaume Matas y también solicita imponerle una inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Para el resto de los acusados, además de la inhabilitación MÉS reclama cuatro años de prisión para la ex consellera de Salud, Aina Castillo; otros cuatro para el ex director general del IbSalut, Sergio Bertrán; y tres años para el empresario Jesús Peinado, propietario de Global PM Consultores SL.

Asimismo, al igual que el Govern, MÉS pide que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Comunidad Autónoma con 29.500 euros, el precio del contrato suscrito con Global PM.

Los hechos tienen su origen en el concurso para la concesión del Hospital Son Espases, tramitado por el IbSalut en la legislatura 2003-2007. En concreto, afectan tanto al procedimiento para la construcción, explotación y conservación del nuevo hospital como la adjudicación del contrato de consultoría para el soporte en las tareas de análisis y evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas.

Las acusaciones aseguran que Matas ordenó manipular el concurso a través de Castillo, Bertrán y el presidente de la mesa de contratación, ya fallecido.

La oferta de OHL superaba a la de FCC en la parte técnica pero la segunda superaba a la primera en la económica, con una diferencia de cien millones de euros. Según las acusaciones, Matas ordenó a Castillo que diera las instrucciones oportunas para que la licitadora adjudicataria del concurso fuese OHL.

Siguiendo con este relato, antes de que se reuniese la Mesa de Contratación en la que debía analizarse un informe de valoración de Global PM Consultores, Matas citó a Castillo en la cafetería del gimnasio MegaSport, donde le entregó un sobre con los argumentos técnicos para motivar la adjudicación a favor de OHL. Estos hechos fueron reconocidos por la ex consellera.

El sobre debía llegar a la consultora Global PM, a la que el ex presidente también había ordenado contratar para evaluar las ofertas y así controlar el procedimiento. En su informe, la consultora otorgó mayor puntuación a la oferta de OHL, lo que la situaba en situación de ventaja frente al resto de licitadores.

No obstante, tras la solicitud de un dictamen al Consell Consultiu y la emisión de los informes de los Colegios Oficiales de Economistas y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la entidad adjudicataria del contrato finalmente resultó ser la UTE formada por Dragados y FCC. OHL impugnó el acuerdo pero el Juzgado desestimó su demanda.