Antenas, rótulos publicitarios, mobiliario urbano o instalaciones de energía y telecomunicaciones. Para colocar este tipo de elementos sobre un monumento o cerca del mismo, a partir de ahora habrá que pedir permiso a la Consejería de Cultura. Ésta es una de las principales novedades de la nueva Ley del Patrimonio que ha entrado en vigor en Andalucía. Con ella se quiere evitar el impacto visual negativo y conjugar «las demandas de las tecnologías con la calidad ambiental», según reza el texto de la nueva ley, que ayer entró en vigor.

En la misma línea de salvaguardar los valores paisajísticos, la ley establece la creación de entornos de protección cautelar para todos aquellos inmuebles que aún no cuentan con esta delimitación por no exigirlo así la norma vigente en el momento de su declaración «de interés». Esta medida beneficiará especialmente a castillos y a edificios que fueron declarados en su día monumentos históricos-artísticos. Se instaura también la figura de la Zona Patrimonial para proteger bienes unidos indisolublemente a paisajes y ambientes característicos.

Entre los nuevos requisitos se exigirá autorización administrativa para las intervenciones u obras que afecten a los bienes declarados de interés cultural, mientras que las de las restantes figuras tan sólo requerirán de comunicación previa, sin perjuicio de que la Consejería de Cultura pueda proponer medidas correctoras.

Esta Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía sustituye a la de 1991, y unifica las regulaciones estatal y autonómica sobre la materia.

Reparación y restitución del daño

Si se comete una infracción que suponga daños en el Patrimonio Histórico Andaluz no sólo habrá que enfrentarse a la sanción, sino que la ley también incluye la obligación de la reparación «y restitución de las cosas a su estado original». Si eso no es posible porque el daño es irreparable, el infractor tendrá que afrontar una indemnización.

Sanciones

Infracciones muy graves

Las multas oscilarán entre 250.001 euros  y un millón.

Infracciones graves

De 100.001 a 250.000 euros.

Infracciones leves

Hasta 100.000 euros.