Asimismo, ha instado al Gobierno de España a que adopte las medidas que estén a su alcance para que se abonen las cantidades adeudadas a los preceptores de pensiones venezolanas residentes en España.

Desde enero de 2016, ha explicado Leal, el Gobierno de Venezuela no abona las pensiones a quienes han cotizado en su país y residen en el exterior, entre los que se encuentran unas 1.500 personas afectadas en Asturias, según datos de la asociación.

Al constar como perceptores de una pensión venezolana aunque no la cobren, las personas afectadas "tienen serias dificultades para su subsistencia ante la demora de una solución para este problema", ha advertido Leal, quien ha explicado que en algunos de los casos "alguno de los perjudicados rozan la situación de exclusión social y del riesgo de pobreza".

"Es imprescindible recordar que el Convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela, de 12 de mayo de 1988, en vigor desde el 1 de julio de 1990, reconoce el derecho al cobro de las pensiones, subsidios, rentas e indemnizaciones venezolanas a los residentes en España y a los emigrantes españoles retornados sin que estén sujetas a reducción, modificación, suspensión o retención por ninguna de las partes, tal y como establece el artículo 5 del citado convenio", ha recordado.

Ante la necesidad de encontrar una solución, Leal ha instado a la Diplomacia española a trasladar ante la comunidad internacional "la insolvencia de un gobierno que castiga a personas necesitadas e incumple convenios internacionales".

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