Sáenz de Buruaga en rueda de prensa
Sáenz de Buruaga en rueda de prensa EUROPA PRESS

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, así lo ha señalado este viernes en una rueda de prensa en la que ha denunciado que la Ley de Dependencia es una "prioridad" para regionalistas y socialistas cuando están en la oposición pero, en cuanto gobiernan, se convierte en "la gran olvidada".

"Ambos lo utilizaron la pasada legislatura para atacar, desde la más grosera manipulación, al Gobierno del PP, hoy que socialistas y regionalistas gobiernan, la atención a las personas en situación de dependencia ha desaparecido completamente del escenario y del discurso político salvo cuando se trata de buscar un enemigo exterior al que culpar de su propios errores", ha apuntado.

Y es que, según ha advertido la líder de los 'populares', "hoy hay más parálisis que nunca y más personas dependientes que nunca en la estacada" y ha asegurado que no se trata de una opinión sino que es algo que se constata en los presupuestos, en el análisis del gasto público y en las estadísticas que el Instituto Cántabro de Servicio Sociales (ICASS) publica a "cuenta gotas".

En base a ese análisis, Saénz de Buruaga ha denunciado que PRC y PSOE, quienes "se erigen en defensores del Estado de Bienestar", destinan hoy "cuatro millones de euros menos que en 2015 (último presupuesto del Gobierno del PP) a atender a las personas dependientes y promocionar la vida autónoma".

Y además, ha añadido, el presupuesto destinado directamente a las prestaciones (residencias, ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día y prestaciones económicas por cuidado) "ha caído desde 2015 en casi siete millones de euros" a pesar de que ahora hay que atender "a más personas y pagar más prestaciones".

En concreto, la presidenta del PP ha señalado que, en 2015, el Gobierno de su partido consignó 136,2 millones para el programa de atención a la dependencia y de los 111,1 se destinaban a prestar servicios a 14.000 personas y abonar un total de 14.907 prestaciones.

Ahora, a enero de 2018, según datos de la estadística del ICASS, el Gobierno PRC-PSOE dedica 132,2 millones a la dependencia y, de ellos, 104 son para atender a 15.087 personas y hay 20.000 con derecho a prestación. "Está claro por tanto quien recorta el presupuesto para dependencia", ha apostillado.

"5.000 PERSONAS FUERA DEL SISTEMA"

A ello, ha dicho Sáenz de Buruaga, se suma que "se disparan tanto las personas que esperan como el tiempo que se les tarda en atender", lo que hace que en estos momentos haya "fuera del sistema de atención a la dependencia 5.000 personas", exactamente 4.917 cántabros que tiene reconocida su situación de dependencia y su derecho pero que no reciben ninguna prestación.

"A esas 5.000 personas se suman otras 1.000 que no han accedido al sistema porque están esperando o pendientes del reconocimiento de su situación, es decir, que no han sido todavía valoradas por el ICASS", ha añadido, que para "constatar el retroceso" ha comparado también algunos datos de enero de 2018 con los del mismo mes del año anterior.

Así, ha detallado que, "mientras en enero de 2017 el 78 por ciento de las personas con derecho recibía una prestación, el porcentaje se ha reducido al 75,4% en enero de 2018". "Hemos pasado de 4.243 personas sin atender y sin recibir prestación a las 4.917 un año después", ha apuntado.

Además, ha denunciado que, en estos momentos, la espera media para recibir una prestación es "de siete meses" cuando, ha reivindicado, era de tres meses durante el Gobierno del PP, y ha criticado que "quienes más esperan son quienes necesitan una plaza de residencia por la raquítica política de conciertos de este Gobierno PRC-PSOE", que en esta legislatura ha concertado 383 plazas nuevas frente a las más de 600 que financió el PP.

"Este Gobierno está frenando la aplicación de la Ley de Dependencia y está cerrando las puertas del sistema a los dependientes para que le salgan las cuentas", ha criticado la presidenta del PP y exconsejera de Sanidad y Servicios Sociales, que también ha lamentado que socialistas y regionalistas hayan "fragmentado" ambas competencias lo que "deja a muchas personas en tierra de nadie".

Para concluir, también ha urgido al Gobierno regional ha aprobar la nueva normativa de acreditación, que el PP dejó "casi finalizada" y que ha quedado "aparcada o desechada", y a establecer la nueva orden de precios públicos para los servicios que prestan las empresas y entidades del sector porque la "parálisis" al respecto "está provocando gran incertidumbre y serios perjuicios".

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