Terraza En La Plaza Catalunya De Barcelona.
Terraza En La Plaza Catalunya De Barcelona. EUROPA PRESS

La comisión de Urbanismo del Ajuntament de Barcelona ha dado luz verde a la tramitación de la modificación de la ordenanza de terrazas. El principal cambio es la flexibilización de criterios a la hora de autorizarlas, como el porcentaje máximo de ocupación de las aceras o las distancias mínimas entre terrazas y fachadas para garantizar la accesibilidad de todos los colectivos.

Las nuevas medidas hacen que la ordenanza sea realmente "aplicable" y rompe con la "rigidez" de la normativa anterior, según ha asegurado la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz. La modificación se ha aprobado con al apoyo de la mayoría de grupos.

El Gremi de Restauració ha aplaudido la nueva norma: "Nos lo merecíamos", ha exclamado su presidente, Pere Chia.

Janet Sanz ha detallado que la nueva normativa da respuesta a las peticiones del sector para que sea "aplicable, flexible y realista", a partir de la actual situación que se da en la ciudad.

La responsable de Urbanismo asegura que las modificaciones permiten continuar "compaginando" el uso vecinal del espacio público con el funcionamiento de los negocios.

Las principales novedades, como ya anunció el pasado mes de diciembre la propia alcaldesa, Ada Colau, pasan por flexibilizar los criterios exigidos para autorizar la implantación de terrazas en relación a los porcentajes de ocupación de las aceras y de los espacios libres.

Para garantizar la accesibilidad de todos los colectivos, habrá de dejar un espacio de paso de 1,80 metros entre la fachada y las terrazas que, "preferentemente", pero no de manera obligatoria, tendrá que estar delante del local.

Además, para las terrazas "emblemáticas" que estén adosadas a las fachadas se estudiarán alternativas de accesibilidad.

También se flexibiliza la dimensión de las terrazas en las calles de acera diferenciada que orientativamente se mantiene que tendrá que ser de un máximo del 50% pero se admite que, en función de cada caso, pueda ocupar un espacio situado en una horquilla de entre el 40% y el 60% de la acera.

La normativa también establece el año 2025 como fecha de caducidad de las estufas de combustión. Ajuntament y sector trabajarán conjuntamente para buscar alternativas antes de llegar a esta fecha y se adopta también el compromiso para que las estufas funcionen exclusivamente en temporada de invierno.

Sanz también recuerda que el acuero con el sector establece también la prohibición de tener terrazas sin servicio, para favorecer la contratación y, con la finalidad de fomentar las buenas prácticas, se establecerán nuevos criterios del régimen sancionador de la ordenanza. "Es positivo porque nace de la suma de voluntades y las normas son claras para todos", afirma.

Otro de los elementos de conflicto, el de las "ordenaciones singulares" que había llevado al Ajuntament en los juzgados, se elimina. En su lugar se crean las "zonas de criterio territorial" y las "zonas de excelencia", donde el Ajuntament puede establecer criterios concretos para garantizar una mejor harmonía de las terrazas.

El president del Gremi de Restauració, Pere Chia, ha celebrado la aprobación de estas modificaciones porque le quita un problema al sector, que ahora se podrá concentrar, dice "en ser mejores sin la presión de la ordenanza".

A partir de ahora se abre un periodo de alegaciones antes de que la ordenanza se pueda aprobar definitivamente en el pleno municipal del mes de abril, aunque la intención inicial era poderla aprobar en marzo.

Algunos grupos municipales ya han anunciado la presentación de algunas propuestas para intentar "mejorar" todavía más el redactado de la norma. En este sentido, la mayoría de grupos han aplaudido el consenso alcanzado, pero han atribuído todos los méritos a la presión del propio Gremi de Restauració y han criticado la actitud del gobierno municipal de BComú, a quien piden mantener el diálogo abierto para poder continuar añadiendo mejoras antes del trámite de la aprobación definitiva.

El único grupo que ha votado en contra es la CUP, que asegura que la modificación de la ordenanza "mercantiliza" aún más el espacio público.

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