"No se puede seguir con este circo mediático y la Junta tiene que cumplir con su obligación y hacerse con la propiedad del inmueble para darle un uso público cultural", ha indicado a Europa Press el coordinador provincial del colectivo, Enrique Ruiz.

Las declaraciones llegan después de que la mercantil propietaria del Cortijo del Fraile haya asegurado que no se han producido contactos recientes con la Junta de Andalucía para dar un uso público al inmueble tras las declaraciones del delegado territorial, Alfredo Valdivia, en las que afirmaba que se habían retomado de forma directa los contactos con el fin de explorar los usos que se pueden dar a este Sitio Histórico recientemente consolidado tras las inversiones ejecutadas por Agrícola Mar Menor, que ha retirado su predisposición al diálogo.

Ruiz ha criticado que el Gobierno andaluz lleve "cuatro años diciendo que su "objetivo principal es la conservación" de este inmueble y ha señalado que es su responsabilidad directa ya que es la administración que "tiene la competencia sobre los bienes culturales". "Si la empresa se niega a colaborar, tiene que aplicar la ley y expropiarlo como hemos reclamado en numerosas ocasiones", ha remarcado.

Al hilo de esto, ha reiterado que la propuesta de Ecologistas en Acción pasa por la firma de un convenio de gestión a tres bandas -Junta, Ayuntamiento de Níjar y Diputación Provincial- y que "debe darse un uso cultural y público" a este espacio "emblemático".

La empresa propietaria finalizó en marzo del pasado año las obras de consolidación exigidas por la Junta de Andalucía y que contaron con un presupuesto de entorno a 47.600 euros con los que se procedieron al desmontado de los forjados de cubierta derrumbados total o parcialmente y de los tramos de muros interiores con peligro de colapso, así como a la recomposición de tramos de las fábricas de mampostería derrumbadas de las fachadas exteriores del conjunto.

La actuación también conllevó la consolidación de los muros de fachadas e interiores mediante retacado de fisuras, grietas y huecos; el sellado de coronación y reposición de revestimientos, todo ello con mortero de cal; y el tratamiento con aguada de cal. Igualmente, preveía la actuación parcial de soleras de mortero de cal para evacuación de aguas de lluvia, la selección, acopio e inventariado de materiales derrumbados y desmontados para su posterior reutilización, y el desbroce del terreno, limpieza del conjunto y andamiaje.

Asimismo, la entidad ya realizó obras de consolidación en el campanario y en la fachada principal con una inversión de 140.000 euros para frenar el deterioro del inmueble, prácticamente en estado de ruina, en el invierno de 2015. Los nuevos trabajos consolidaron los muros externos del recinto pero no actuaba sobre los ya derruidos.

A pesar de estas actuaciones, el pasado verano la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz volvió a incoar queja de oficio para interpelar a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería sobre las actuaciones en el Cortijo del Fraile ante la existencia de "distintas iniciativas" en el ámbito judicial en torno a la ejecución y puesta efectiva de las intervenciones ordenadas a la mercantil propietaria del inmueble.